Desde dentro: los obstáculos para ser defensor público en el Edomex
Por José Alberto Colín*
Desde adentro. Cuando Leticia Loyola Gallegos era defensora pública en Ecatepec —municipio que concentra la mitad de delitos en el Estado de México, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad estatal—, sobre su escritorio no se dejaban de acumular carpetas de investigación. Aunque ofrecía hasta 10 veces por día su servicio en los juzgados de control de detención y enjuiciamiento, la pila siempre se incrementaba.
La abogada se llevaba el trabajo a casa, pero ni siquiera así le daba tiempo revisar cada caso para brindar una buena defensa: en muchas ocasiones, apenas tenía tiempo de enterarse de las acusaciones.
“El trabajo nos sobrepasaba. Solía pedirle al juez un receso para hablar con la persona y saber de manera rápida de qué se le acusaba y planear una estrategia. No es que no me interesara, simplemente nos asignaban muchas audiencias y no éramos muchos. Además hay que considerar el índice delictivo del municipio. El personal no se da abasto y nunca actué de mala fe”, relata.
Ecatepec de Morelos está al nororiente del Estado de México, donde se concentra el 20% de las audiencias en esa entidad entre 2015 y 2018 (109 mil 20) y hay solamente 26 defensores públicos en los juzgados, 16 más en los Ministerios Públicos.
De 2016 a mediados de 2018, Leticia Loyola estuvo adscrita al distrito 3, con sede en dicha demarcación, el cual también atiende las indagaciones de otros dos municipios: Coacalco y Tecámac.
A un año y medio de vivir esa experiencia laboral extenuante, como lo ha calificado, recuerda que la principal adversidad era tratar de concluir la audiencia en el menor tiempo posible, pero sin perjudicar a la persona imputada, ya que este proceso suele durar hasta una hora, y en su jornada debía acudir a otras nueve, la mayoría de ellas por robos y delitos contra la salud.
En esa época, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México registró el año con más actuaciones de defensas concedidas: 2016, con 86 mil 89. Esa cifra es más del doble de las que ofreció en 2013 (39 mil 781).
“Es complicado trabajar así. Es un obstáculo, pero por algo elegí esto. Había que encontrar el modo para salir adelante y principalmente no permitir que el Ministerio Público cometiera atropellos a los derechos humanos de quienes acusaban de cometer algún delito”, comenta, sentada en su nueva oficina en los juzgados de Texcoco, con un escritorio casi vacío de folders llenos con las hojas de los casos.
Las historias de “policías y ladrones” no son en blanco y negro
Loyola Gallegos ha estado involucrada en el sistema penal desde hace 19 años. Desde que era niña le tomó el gusto a la abogacía, incluso en el típico juego de “policías y ladrones” prefería ser quien defendía a los del segundo bando. Impulsada por un tío que ya ejercía esa profesión se animó a estudiar Derecho. Inició como secretaria en un Ministerio Público. Cinco años después dio el salto al Tribunal del Poder de Justicia y elaboraba los proyectos de sentencias por casi una década.
Ese recorrido le sirvió para detectar qué fallas tenían los defensores públicos e imaginaba cómo los podría resolver, porque detectó que muchas personas estaban en la cárcel pese a no tener una acusación sólida.
“Leía los documentos y me preguntaba: ‘¿Cómo se le pasó eso a la defensa? Podía ganar si lo contraargumentaba’. Pero es cierto que eran otras épocas cuando no te escuchaba propiamente un juez y eso entorpecía todo. Ahora es diferente y también aumenta nuestra responsabilidad para plantarnos y estar mejor preparados”, afirma.
Otro de los obstáculos que ubicó es que las personas acusadas no solían escuchar sus recomendaciones para concluir el proceso de una forma abreviada y preferían irse a juicio. Respetaba su decisión, pero si en esa etapa era desfavorable, le reclamaban por actuar de buena manera, aunque ella había conciliado una mejor opción previamente.
Y cuando se determinaba que debían reparar el daño, observó que era la gente no solía tener dinero para solventar los gastos, incluso si eran mil pesos, entonces el proceso se alargaba.
El ayuntamiento de Ecatepec reportó en 2015 que es el municipio del Estado de México con más personas en condición de pobreza con 723 mil 559, es decir, 40% del total de habitantes.
Desde que fue reubicada al distrito de Texcoco, Loyola Gallegos tiene más tiempo para alistar las audiencias, ya que suele estar en cuatro cada día debido al bajo índice delictivo de la localidad. Ahora comparte con su hijo de cinco años, quien juega a procesar datos de prueba, pues le ha manifestado su intención de ser criminalista, “para resolver crímenes”.
Espera que el Instituto de Defensoría Pública reclute más personal, en especial en Ecatepec, y que más compañeros de licenciatura se interesen en esta vocación, porque optan por el sector privado. Ahí ganan más dinero: en un caso pueden percibir lo mismo que ella en dos meses, tiempo en el cual concluye más de 30 querellas.
Por ahora muestra entusiasmada las fotos de su niño cuando practica cómo registrar huellas y armas, así como las imágenes que tiene con dos sobrinos a punto de egresar de Derecho, motivados por verla trabajar en esa materia.
Las consecuencias de no tener una defensa efectiva
Como en todos los trabajos habrá gente con un desempeño aceptable y otros con uno desfavorable y es perjudicial que continúen estos últimos, porque afectan a terceros, apunta Leticia Loyola.
Esto les ocurrió a los hermanos Daniela y Luis, junto a la pareja de ella, Carlos (sus apellidos se omiten por su seguridad). El 20 de junio de 2018, los tres fueron detenidos arbitrariamente por policías ministeriales en el interior de su vivienda, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Sin presentar una orden de cateo, cuentan que alrededor de las 14:00 horas entraron a su hogar, en Avenida Las Torres, donde aseguraron una motoneta, en la cual les habrían plantado un empaque de 2 kilogramos con cocaína.
No les informaron los motivos de su detención hasta que fueron trasladados al Ministerio Público de la demarcación y acusados por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. “Era una tarde normal, estábamos a punto de comer cuando tocaron a la puerta. Abrimos y lo primero que nos dicen es que ya habíamos valido madre. Rápido fueron por la motoneta, abrieron el portaequipaje y sembraron la coca. No sabíamos qué habíamos hecho, hasta dudábamos que eran policías”, recuerda Luis.
Setenta y dos horas después, en la audiencia de control de detención, la versión presentada por la fiscalía fue diferente: el arresto se hizo en la vía pública y en la inspección del vehículo encontraron la droga, la cual, aseguraba la fiscalía, distribuían en su local de comercio informal.
La defensa pública asignada a Daniela, Luis y Carlos, de 25, 29 y 39 años, respectivamente, no señaló las inconsistencias del proceso y no los escuchó para tener las dos partes de la historia.
El juez declaró la legalidad de la detención, pero las personas imputadas, pese a desconocer el sistema penal acusatorio, supieron que podrían ir a la cárcel por algo que no hicieron. Por ello, cuestionaron al juzgador si se les permitía tener otra defensa, acción que se les concedió.
Apenas en 2017, el Instituto de Defensoría Pública mexiquense instaló un sistema de gestión, a fin de permitirle a sus abogados llevar el seguimiento de los casos que tienen a su cargo. En ese año, 109 ocasiones hubo una revocación de la defensa pública, para 2018 el número disminuyó a 30. El organismo no detalla el porcentaje de hechos que fue por una defensa no efectiva.
“Imagínate, nos tenían callados, pero todavía hubiera estado (el defensor) al cien no decimos nada. Nos ponían como los villanos, los peores delincuentes de Chimalhuacán y no respondían por nosotros”, apunta el hermano, recargado en el zaguán que tocaron aquella tarde que cambió su vida.
Entonces optaron por contratar a un abogado privado. Sus ingresos no les permitían costearlo, ya que en su puesto que instalaban cerca de su casa de lunes a viernes para vender frutas y verduras les reditúa menos de 5 mil pesos mensuales. El caso se revisó y se determinó que la detención se desarrolló con ilegalidad.
Daniela y Luis no concluyeron sus estudios en la preparatoria para apoyar a su familia en su negocio familiar. Desde antes de las 8 de la mañana comenzaban a instalar los metales que construyen su establecimiento en la avenida, donde permanecían hasta el ocaso. Carlos se les unió cuando inició una relación sentimental con la mujer.
Imagen vía Unsplash.
Tras aquella tarde en la que los señalaron por comercializar cocaína, los tres tuvieron que reunir 150 mil pesos para pagar el trabajo del abogado, monto que podían haberse ahorrado si la defensa pública hubiera sido eficiente. Además, como los vecinos vieron las unidades policiacas fuera de su domicilio y se enteraron que fueron detenidos, soportaron los comentarios que los etiquetaban como delincuentes y miembros de una banda con todo y que la gente los conocía.
“No supimos cómo juntamos el dinero. Gracias a Dios muchos nos apoyaron. Nuestros padres tuvieron que vender muchas cosas. A final de cuentas, el dinero pasa a segundo plano, pero no le quita lo jodido que fue todo”, relata Luis.
En busca de “los místicos”
Alberto Abad Suárez Ávila, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha estudiado el trabajo de los defensores públicos de todo el país y detectó que las instituciones no les ofrecen una perspectiva profesional que asegure al mismo la calidad e independencia de su labor.
El especialista considera que una manera de mejorar la calidad es implementar un servicio profesional de carrera, pues en un análisis que efectuó en 2014 concluyó que la situación no era alentadora.
Al Estado de México, junto con Querétaro y Veracruz, le falta regular la legislación de los defensores públicos en el ingreso, promoción, salario, estímulos, capacitación y sanciones, de acuerdo con su investigación. Esto provoca, continúa Suárez Ávila, que los egresados de Derecho no se interesen en formar parte del organismo. Durante los últimos cinco años, el número del personal del Instituto de Defensoría Pública de esta entidad se mantiene igual: en 2014 eran 335; en 2018, 333.
"Hay dos tipos de personas con diferentes incentivos: por un lado es la gente que quiere hacer un cambio, les llamamos ‘los místicos’, tiene que ver con los valores de aportar; por el otro, los que buscan oportunidades de un trabajo bien remunerado", asegura el experto en entrevista.
En su ensayo "El servicio profesional de carrera en la defensoría pública en México", los abogados encuestados que ejercen en el Estado de México señalan que no han recibido capacitación en ejecución de sentencia y recursos que pueden interponer después del juicio.
Para esta actualización, el instituto ha gastado un millón 132 mil 244 pesos en los últimos tres años en 10 cursos y tres diplomados. También sólo 4.9% de defensores adscritos ha participado en procesos de ascenso, esa cifra es la más baja de 13 entidades analizadas.
* Presupuesto destinado a la capacitación de los defensores públicos en el Estado de México. Fuente: Instituto de la Defensoría Pública (IDP) estatal.
Además, señala, aún falta que los visitadores de los entes autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos del estado, supervisen el funcionamiento de los defensores públicos, de lo contrario por más que se mejore el servicio profesional de carrera no modificaría la situación actual.
* Ibero 90.9 reproduce esta historia periodística como medio aliado. Es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, auspiciado por USAID.
