Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Por: Fernanda Barrera @kfertz
El 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), (desaparecida en 2012 y sustituida por la Policía Federal) despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Los afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieron al pueblo para dialogar. Mientras todo esto ocurría, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí (ñhäñhús en su propia lengua ) se encontraba a 100 metros de donde inició el incidente, vendiendo aguas frescas.
Ese mismo día todos los elementos que habían participado en los hechos dejaron la comunidad después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados.
Cinco meses después (3 de agosto de 2006) Jacinta fue llevada con engaños a Querétaro y presentada ante los medios de comunicación como responsable de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos en marzo. Toda la evidencia que presentaron en su contra fue una fotografía en que la que aparecía ella el día del incidente en el tianguis, y que se publicó en un diario local así como declaraciones contradictorias de los entonces miembros de la AFI.
Jacinta es encarcelada y condenada a 21 años de prisión, junto con otras dos mujeres indígenas, Teresa y Alberta, como consecuencia de una acusación falsa sostenida por la Procuraduría General de la República (PGR). Según estudios realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro, Jacinta hablaba apenas 20 por ciento de español y en esa condición fue obligada por las autoridades a firmar declaraciones en una lengua que prácticamente desconocía y careció de la asistencia de traductores durante casi todo el proceso legal.
Por esta situación Amnistía Internacional en 2009 la nombró presa de conciencia. Según esta organización son presos de conciencia “aquellos que, sin haber hecho uso de la violencia ni haber abogado por ella, están privados de libertad por razón de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, por el origen nacional o social, o acusados de hacer uso y reivindicar los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”
Jacinta está casada y tiene seis hijos y seis nietos que al inicio del proceso esperaban tenerla de vuelta en casa para esa Navidad, sin embargo esto no ocurrió. Tuvieron que cambiar radicalmente su rutina y programar largos viajes para verla. El camino de Santiago Mexquititlán al Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, donde estuvo presa Jacinta, no es sencillo. “Tomábamos autobús a Querétaro y luego dos camiones. Como 120 pesos por persona”, explica su esposo Guillermo Francisco.
Jacinta relata que sufrió un doble aislamiento: primero por el encierro y luego por sus dificultades —no sólo lingüísticas, sino también culturales— para comunicarse con sus compañeras.
Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Autoridades y organizaciones diversas se sumaron al rechazo al procedimiento del que Jacinta estaba siendo víctima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite en julio del 2009 recomendación por el caso en la que considera probado que fueron violados los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, dado que servidores públicos federales incurrieron en graves irregularidades, llegando al extremo de fabricar testimonios.
En ese mismo año, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) emite una recomendación al Juez del estado de Querétaro sobre el caso de Jacinta Francisco por presumir que ha sido vulnerado el derecho a contar con la asistencia de un intérprete en todas las etapas del procedimiento. Ella misma ha relatado: “Cuando me notificaban yo no entendía, no sabía, y me daba coraje no entender, me ponía a llorar de coraje”.
En 2009, el poder legislativo de nuestro país solicitó al Poder Judicial Federal, en específico al C. Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, para “se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas en las que basan la acusación y defensa de Jacinta” 18 de agosto de 2009. Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco pues había sido condenada a 21 años de prisión.
En 2009 la organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó el juicio contra Jacinta, Alberta y Teresa como “campaña urgente” debido a la gravedad en la violación a los derechos humanos.
La OMCT ha equiparó la situación de las tres queretanas con el ingreso de las fuerzas de seguridad iraquí con bulldozers al campo Ashraf, y con la situación política en Honduras, en donde se han usado armas de fuego para contener manifestaciones, detener violentamente a opositores y para impedir el ngreso de ayuda humanitaria. La OMCT expresó su seria preocupación por la integridad física y psicológica, y por la situación jurídica de Jacinta y las otras indígenas.
“los casos de Jacinta, Alberta y Teresa son sintomáticos de la vulnerabilidad de los indígenas y en particular de las mujeres indígenas, quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de discriminación, exclusión y marginación del sistema de justicia.
Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra. Sin embargo esta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.
Al año de su liberación Jacinta decide exigir al Estado Mexicano una reparación del daño por su injusta reclusión y es así que en 2011 en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) decidió demandar al Estado Mexicano, en específico a la PGR para exigir la reparación del daño, sin embargo esta dependencia del gobierno se niega y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emite una sentencia donde determina que la PGR actuó de forma irregular y había causado daños morales y materiales a Jacinta por lo que ordenó reparar el daño, por su parte la PGR presentó un recurso para obstaculizar el proceso de reparación. Finalmente el 19 de mayo de 2016 el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR, el cual buscaba impedir la disculpa pública y la reparación del daño. La decisión de este tribunal es inapelable por lo que la PGR tiene 4 meses para cumplir con la indemnización y la disculpa. Sin embargo Jacinta comenta a este respecto "Cuando escucho la reparación del daño no estoy contenta, hasta me da coraje, nunca me van a poder recuperar los 3 años", que estuvo presa. Además subrayó que existen más casos de injustica contra personas inocentes.
Aún están pendientes de resolución los casos de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos y en espera de la reparación del daño.
El caso de Jacinta no es un hecho aislado. En nuestro país existen más de 8 mil indígenas de distintas etnias que purgan sentencias en cárceles, la CNDH reporta que un 80 por ciento de los casos se violó el debido proceso, firmaron sus sentencias sin un intérprete y sin entender ni hablar español.