Este texto fue publicado originalmente por Más de 131 el 25 de septiembre de 2015.Por Celso Alvarado y Eréndira Derbez
Hoy alrededor de las 12 pm se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana un conversatorio sobre el informe publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa. Asistieron a la mesa cuatro de los cinco miembros del grupo, mismo que fue formado a petición del Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero en septiembre del año pasado.
Participaron Alejandro Valencia Villa, Carlos Martín Beristain, Ángela María Buitrago y Francisco Cox Vial; acompañados por los académicos José Luis Caballero Ochoa (UIA), Mónica González Contró (UNAM), Sandra Serrano García (FLACSO), Luis Benavides Hernández (ITAM) y José Antonio Caballero Juárez (CIDE).
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En la mesa tocaron temas contenidos en el informe que poco se han resaltado.
Hicieron énfasis en la importancia de analizar los hechos de manera cuidadosa y recalcaron que es trascendental que las procuradurías cuenten con servicios periciales correctos y que cumplan con protocolos para asegurar las pruebas.
Se remarcó de forma general por todos los exponentes la importancia del trabajo de acompañamiento que involucra el proceso de investigación. Para el informe ha sido necesario contextualizar las experiencias de las familias de las víctimas y con ello poder desarrollar un panorama general de la situación en Guerrero, y específicamente, lo que viven quienes están relacionados con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Sandra Serrano García señaló que es importante “entender y escuchar” a las familias, a lo que Ángela María Buitrago agregó que desde la academia hay mucho por hacer, como “capacitar” y “sensibilizar” a los estudiantes de derecho para saber cómo aproximarse a las víctimas. Tradicionalmente en el proceso penal se ha considerado como protagonista al imputado, Buitrago, que también es académica en Colombia, consideró que ese papel lo debe de desempeñar la víctima. La abogada insistió en la necesidad de una reparación integral a las víctimas, misma que involucra medidas que garanticen la no repetición de este tipo de crímenes. Es necesario que exista un proceso de justicia, reparación y verdad, porque al carecer de tal se perpetúa con la desconfianza y la incertidumbre.
Además, Mónica Gónzalez Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis Benavides Hernández, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la UIA, reconocieron la importancia que debería tener la academia en el contexto social del país.
Francisco Cox, por su cuenta, calificó al sistema penal de México como “casi irritante” al ser extremadamente formalista, lo que lo vuelve rígido e ineficiente, pese a las recientes reformas en derechos humanos (2011) y la reforma penal (2008). Además señaló que “hay un exceso de dependencia de la declaración”, porque se prioriza la prueba confesional cuando se deberían tomar en cuenta las pruebas de la investigación, para luego cotejarlas con las declaraciones.
Cabe resaltar que al GIEI se les otorgó inicialmente seis meses para desarrollar su investigaciones, pero hoy confirmaron que por acuerdo bilateral entre la CIDH y el Gobierno Federal, se les extendió el plazo y continuarán con su trabajo.
El informe del GIEI, presentado el 6 de septiembre, se puede leer aquí.