Este 29 de septiembre se dio a conocer el tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, y entre los principales temas de los que se habló fue el de las comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y militares y marinos, así como que parte de los jóvenes no murió inmediatamente. En entrevista con Radar 909, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, comentó:

“Las posibilidades de que estas personas estuvieran vivas surgen de informaciones a partir de los hechos del 26 de septiembre, son comunicadas incluso con lugares exactos a través de diferentes informaciones, denuncias ciudadanas, monitoreos, y esto hace por lo menos preguntarnos por qué razón no se realizaron las labores si había monitoreos en tiempo real de ubicar los sitios que estaban siendo objeto de información”.

Buitrago agregó que esta información la tenía desde el DN1, es decir, el Secretario de Defensa, hasta la 35 zona militar, que está a cargo del 27 batallón del 50 y del 41 batallón de infantería, esto aparece en todos los archivos de manera cruzada, donde se tiene conocimiento no solo de las actividades previas de los estudiantes para acudir a la conmemoración de Tlatelolco el 2 de octubre, sino que se tienen los números de autobuses en la que los jóvenes se desplazaron, también había información en tiempo real de teléfonos interceptados y monitoreo de los grupos criminales.

“Esto significa dos cosas importantes: primero, que no era desconocido lo que estaba sucediendo, ni el ataque, ni la agresión, ni la forma en que se llevaron a los estudiantes; y lo segundo es que estaban en terreno indiscutiblemente varias personas de estas instituciones y no solo del ejército sino de las otras instituciones también y sobre esos supuestos nada se hizo para rescatar a los estudiantes que fueron detenidos inicialmente por la policía y posteriormente desaparecidos”.

Ángela lamentó que hasta ahora la institución se haya negado a aceptar su participación en los hechos, que supo de ellos e incluso que “hubiera tenido que actuar de alguna manera”. Resaltó la intervención del actual presidente para abrir archivos y permitir revisar la documentación de las fuerzas armadas sobre todo este proceso, pero enfatizó que hay temas que siguen bajo discrecionalidad, pues desde el principio ha habido una gran resistencia por parte de las fuerzas armadas, incluso ni siquiera dejaron entrevistar a los soldados.

“Tampoco se ha entendido que esta es una obligación del Estado y es una obligación de las instituciones, entregar esa información sobre la desaparición, no es simplemente una concesión momentánea”.

Otro elemento de ruptura es la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión por el MP. El @GIEIAYOTZINAPA no conoce el fundamento de esas cancelaciones. fueron otorgadas porque había información para ello. Entre las órdenes canceladas se incluye a ejército, C4 y autoridades.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) September 29, 2022

Un día después del aniversario número 8 de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, Fiscal del caso Ayotzinapa, renunció a su cargo. Integrantes del GIEI externaron que esto significa un retroceso de cinco años aproximadamente para la investigación, así como el riesgo de perder información.

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