Foto: Centro Nacional de Prevención de Desastres

El incendio de la “Guardería ABC” en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, le quitó la vida a 49 niñas y niños e hirió gravemente a 70 más. Después de 11 años, no se han esclarecido las causas del siniestro ni se han encontrado responsables. El acceso a la justicia para los familiares de los menores ha estado sujeto a la lentitud del sistema judicial mexicano. Incluso se ha dicho que funcionarios de alto nivel, como el entonces presidente Felipe Calderón, ejercieron presión sobre la Suprema Corte por los “linchamientos mediáticos” que ocasionaron.

Pero el pasado 6 de julio se dio un paso firme en el camino hacia la justicia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de la guardería. Este organismo analizará los hechos para determinar si el Estado mexicano incurrió en violaciones a los derechos humanos. En su informe, se lee que el Estado “no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o por una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados”.

En entrevista para Tengo Otros Datos, Patricia Duarte, madre de una de las víctimas fatales de la tragedia y una de las principales impulsoras por la admisión del caso en el Sistema Interamericano, contó cómo fue el proceso para llegar hasta aquí. La iniciativa para hacerlo nació desde el 2011 y la petición se presentó en octubre de 2014. Sobre la actuación de la administración actual, Patricia dijo que hay disposición del gobierno federal para apoyarles, pero que el fiscal Alejandro Gertz Manero no ha satisfecho sus demandas.

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