Por Marco Solís Tourné

En medida que la pandemia del SARS-COV-2 se incrusta en el continente americano, la República Bolivariana de Venezuela actualmente atraviesa un momento sumamente complejo, siendo un país que ya cargaba previamente con una crisis humanitaria, una catástrofe económica agudizada por la caída de los precios del petróleo a nivel global y una debacle democrático cada vez más acentuado. A todo esto, se ha sumado la pandemia del COVID-19. Partiendo de este contexto, podemos divisar tres ejes fundamentales que están moldeando al país en plena pandemia: la crisis de los refugiados venezolanos, la proyección económica para este año y la pugna política frente a las tentativas elecciones parlamentarias este diciembre.

Según datos de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de venezolanos que han abandonado su país superaron los cuatro millones en 2019, lo que ha llevado a países como Colombia, —quien concentra alrededor del 45% de esa población, según reportó el noticiero Infobae—, que adaptarse frente a este aumento precoz en el número de personas solicitando asilo en sus respectivos países.

No obstante, con la pérdida súbdita de empleos auspiciado por el daño colateral producto de la pandemia de COVID-19 (que proyecta una tasa de desocupación regional, según la CEPAL, del 13.5% para el 2020 y representa un aumento de 2 puntos porcentuales sobre lo previsto en abril del presente año), muchos venezolanos han repensado su estadía en el exterior. Por esto mismo, Jozef Merkx, representante de ACNUR ante Colombia, en una entrevista con Voice of America, declaró que se estima que hasta 75,000 venezolanos ya han regresado a su país de origen como producto de la insostenibilidad que viven en los países receptores, especialmente en Colombia. Este agravio se potencializa a partir de las medidas adoptadas por parte del presidente Nicolás Maduro conforme al cierre de fronteras, donde han obligado a personas que desean ingresar a esperar en la frontera, en centros de alojamiento temporales.

Human Rights Watch reportó que estos centros podrían magnificar la capacidad de transmisión del virus, debido a un rezago en la capacidad de detección y de realización de pruebas en estos centros. Esto se suma a diversos comunicados por parte del gobierno de Maduro que han estigmatizado a esta población, en el cual se les atribuye adjetivos como “armas biológicas” y “golpistas camuflajeados”. De acuerdo con la organización, lo anterior pone a esta población en una posición entre la espada y la pared, donde por un lado no desean regresar a su país por su voluntad, pero que no han encontrado alternativas de estadía prolongada en el exterior por el panorama regional.

Asimismo, la proyección económica para el país resulta cada vez más alarmante. Según un informe publicado por la CEPAL el 15 de julio de 2020, “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, la visualización económica para Venezuela en este 2020 prevé una contracción del Producto Interno Bruto del 26%. Venezuela, quien tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero que a la vez ha sido incapaz de diversificar sus exportaciones y aprovechar este recurso natural, también está presenciando la inevitable pérdida de competitividad del petróleo en el mercado global, teniendo como consecuencia un desplome en la variación del precio del petróleo del 40.2%, y de los derivados del petróleo en 42.7%.

Además se inserta en un contexto hemisférico en el cual se prevé una recuperación lenta para la región. Según las proyecciones estimadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que presentó la revista The Economist, sitúan una recuperación regional del 3.7% para el año 2021, comparado con un 5.9% para el mundo emergente en conjunto.

Una de las posibles medidas para afrontar la crisis consiste en buscar ayuda en el escenario internacional, pero esta alternativa se ha visto socavada por la pugna política que trae consigo este año el país sudamericano. Resulta que el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Indrina Alfonzo, convocó el primero de julio a elecciones para el 6 de diciembre y elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, que subsiste como el único órgano jurídico en el país que permanece controlado por la oposición. Sin embargo, esta es la punta del iceberg de una serie de reformas que han ido suscitando a lo largo del último mes. Comenzó con una declaración por parte de la Suprema Corte, la cual señaló a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, pero no con la finalidad de dar mayor pluralidad al órgano, sino para afianzar el poder del régimen de Maduro. De igual manera, ese mismo mes se dio una transición en el liderazgo del partido de oposición Acción Democrática, avalado por la Suprema Corte, en el cual el mando de este, se otorgó a Bernabé Gutiérrez, quien, según The Economist, previamente había sido expulsado de dicho partido por supuestamente conspirar a favor del régimen de Maduro.

Bajo este tumulto político se ha ofuscado la capacidad de unión entre el bloque de oposición liderado por Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro, si la pretensión era conseguir apoyo internacional para lidiar con la pandemia. Inicialmente, a principios de junio se reportó que habían pactado un acuerdo la Asamblea Nacional y el gobierno de Maduro para afrontar la crisis humanitaria, mediado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el que se reportaba que hasta 10 millones de dólares serían destinados para afrontar la crisis.

Sin embargo, los intereses de las potencias internacionales, reminiscentes a una guerra proxy, volvieron a surtir efecto en el país. Resulta que el dinero contemplado debía ser liberado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte del “Fondo de Liberación Nacional”, que había sido cedido a la oposición venezolana como parte de un plan más extenso para renovar los activos en el exterior, reporta Noticieros Televisa. Nicolás Maduro salió a desmentir el acuerdo inicial entre ambas partes, aludiendo a esta supuesta ayuda como un “robo”. Rusia y China respondieron, según el noticiero informativo EuropaPress, por medio de la OPS con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria, cargamento que llegó a Venezuela hasta hace unos días.

Habrá que recordar que, según The Economist, hasta hace unos meses la favorabilidad del gobierno de Maduro se encontraba alrededor de un 13%, mientras que estos números también han disminuido para Guaidó, pasando del 61% en febrero de 2019 a 26% en marzo de este año. Por ende, en caso de que sí decidan llevarse a cabo las elecciones en diciembre, habrá que remitirnos a lo que suele suceder en año electoral en cualquier parte del mundo, sabiendo que todos los esfuerzos estarán dirigidos en subir la favorabilidad de esos números. El impacto de la respuesta de ambas partes debe medirse en términos políticos.

En medio de una crisis económica, humanitaria, de refugiados y política, habrá que ver si en realidad ambos bloques pueden enmendar posiciones políticas (aunque sea de manera temporal) para poder atacar la crisis con la mayor eficiencia y disponibilidad de recursos posibles.