Solo la SCJN puede ponerle un alto al presidente y no está actuando: Santiago Corcuera
Imagen: @GN_MEXICO_
El pasado 8 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por acuerdo de la presidencia, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Lo voy a analizar en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios”, dijo durante su conferencia matutina.
Esta situación ha generado controversia en el país por todo lo que implica que la Guardia Nacional pierda el carácter con el que fue creada, pues en el artículo 21 de la Constitución se establece que:
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
En entrevista con Mario Campos, para Radar 909, Santiago Corcuera, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, expresó que es la Corte quien tiene que ponerle un alto al presidente, pero tampoco ha actuado.
“Me parece que hay muchos factores que pueden estar animando al presidente a hacer estas cosas, pero una de ellas me parece que es la falta de acción por parte de la Suprema Corte de Justicia para resolver y ver las cuestiones que tiene en su agenda relacionadas con la Guardia Nacional”, expresó.
El especialista recordó el decreto de 2019 en el que se establece que el presidente puede disponer de la GN durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor:
“Y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, se lee en dicho decreto.
Puedes escuchar la entrevista completa aquí:
Y respecto a este acuerdo, Santiago agregó que falta todavía un poco para llegar al fin de esos cinco años y la Corte no ha resuelto el asunto, no hay un proyecto al respecto. También señaló que la corte debería ponerle un freno al presidente.
“Decirle (a AMLO) ‘oiga presidente usted no se puede saltar las trancas de la constitución a través de acuerdos y decretos, usted tiene que acogerse a lo que dice la constitución, usted no puede reglamentar disposiciones constitucionales, quien puede es el Congreso de la Unión (...) se está brincando las trancas constitucionales de manera absolutamente desorbitada (...), me parece peligrosísimo que la corte no le ponga un alto”.
Respecto a quienes han cuestionado el proceder del presidente, este no se ha quedado callado y en su conferencia matutina refirió:
“Me acusan de autoritario, dictador y tirano. Ellos tienen su derecho a oponerse y se les va a respetar pero los considero muy deshonestos, intelectualmente hablando, porque no han actuado igual en otros casos”, dijo el presidente.
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Cuando dio a conocer sus acciones, el analista de seguridad, Alejandro Hope, expresó en sus redes sociales:
“Más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima, aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional”.
Jorge Lara, abogado e internacionalista también expresó su postura al respecto:
“Los secretarios de estado y servidores públicos que violen la Constitución por órdenes del presidente en la pretendida transferencia de la Guardia Nacional al Ejército se harán acreedores a Juicio Político y diversas responsabilidades de orden administrativo e incluso penal”.
“Lo que anunció el presidente es un golpe a la Constitución. No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional. Si un servidor público es incapaz de defender la Constitución, entonces no tiene nada que hacer en el servicio público”.
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