1968 marcó el inicio del ejercicio de la democracia por parte de la ciudadanía mundial; México no fue la excepción. Surgió un movimiento social cuyos protagonistas fueron estudiantes, maestros, obreros, amas de casa, entre otros, quienes centraron sus demandas por libertades políticas y civiles, en contra de la desigualdad social frente el poder del régimen del partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional. El descontento y el hartazgo del pueblo se hicieron ver y escuchar en marchas, mítines, asambleas; voces que fueron calladas en la masacre de la noche de Tlatelolco, donde centenas de hombres y mujeres, en su mayoría estudiantes fueron asesinados por el PRI-gobierno. A 50 años las y los jóvenes universitarios vuelven a tomar las calles, ahora sus demandas son en contra de la corrupción, la inestabilidad social, la injusticIa, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad y la violencia machista.

Movilizaciones estudiantiles, México 1968

A dos semanas de varias movilizaciones estudiantiles en protesta contra la violencia que se vive no solo en las universidades sino además en otros ámbitos sociales, se ha puesto en tela de juicio el sistema de impartición de justicia en materia de violencia de género y, en particular, al Protocolo para Atención de Casos de Violencia de Género (PACVdG). En la primera parte de esta columna retomé algunos conceptos e ideas que se traducen en vacíos legales que al momento de aplicar el protocolo quedan en la mera especulación e interpretación de quienes fungen como “orientadores de género”.

En décadas pasadas el que una mujer denunciara algún acto de violencia sexual se prestaba a que la víctima fuera estigmatizada, discriminada o rechazada no solo por la misma familia sino por la comunidad entera. En 1983 el Centro de Apoyo para Mujeres Violadas, A.C. (CAMVAC), —pionero de los nacientes grupos feministas en la Ciudad de México—, imprimió con esténcil la Carpeta de Entrenamiento: Curso de entrenamiento e Información para la atención solidaria y feminista a mujeres violadas. De entre sus objetivos: formar personas que puedan apoyar, auxiliar y orientar a mujeres con problemas de violación. El apoyo que se propone será brindado por mujeres capacitadas, profesionistas y militantes feministas, en las áreas médica, legal y psicológica. Parte del entrenamiento consistió en conminar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia sexual de la que fuesen sujetas.

¡No más violencia contra las mujeres! ¡La violación es un delito, denúnciala! Fueron entonces las consignas que aparecían en pintas en las paredes, en las calles al repartir volantes durante las marchas, en carteles que para sus “difusoras” implicaron frecuentes corretizas de policías, al usar la técnica del engrudo por las noches y salir corriendo. Desde entonces las feministas empezamos a crear conciencia con nuestras consignas. Hoy demandas vigentes, desafortunadamente. Así empezó la cultura de la denuncia para no ser más cómplices del sistema patriarcal con nuestro silencio.

¿Pero a qué viene toda esta evocación? Pues para entender, comprender que la violencia machista se hace más visible gracias al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y por una vida libre de violencia.

Si revisamos los datos duros, desde que se implementó el Protocolo para Atención de casos de Violencia de Género, en la UNAM, en agosto de 2016, se registraron 372 quejas, según el informe de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario: "Impera la desconfianza sobre como determinan las autoridades el castigo a los agresores", se lee en el titular del periódico La Jornada en la sección Sociedad en la página 43 del 23 de marzo de los corrientes.

Protestas de estudiantes de la UNAM camino a Rectoría en Ciudad Universitaria para demandar un Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género

Después de varios casos de violencia de género en las universidades enunciados en la primera parte de Agridulce, aunados a otros más, las estudiantes, académicas y trabajadoras, de la UNAM, UACM, IPN, UAM, UdeG y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO —estas dos últimas instituciones académicas privadas— que en días recientes salieron a las calles a protestar por la desaparición y un “suicidio” de estudiantes de Jalisco en días recientes; se están organizando para exigir justicia y franco rechazo a la impunidad a “violentadores” en las instituciones de educación.

De entre las quejas recurrentes de las víctimas de violencia machista, es justo eso, que no hay “orientadores de género”, quienes son los encargados de brindar asesoría sobre qué es la violencia de género y los procedimientos para su atención. Otra de la trabas es que este mismo orientador no puede dar trámite a las demandas y únicamente puede canalizar a las personas afectadas a las instancias pertinentes. Además de que él o la orientadora no están capacitados para identificar qué tipo de violencia se ejerció en contra de la víctima pues solo se limita a escuchar el testimonio y muchos menos el tipo de sanción que se aplicará al responsable del ataque o agresión. Sin embargo, los detalles de la información que proporciona la víctima pueden ser filtrados por el mismo orientador si la averiguación llega a oídos de la o las personas que resultarían afectadas por la queja. Este acto puede intimidar a la denunciante y desistir de la demanda, por miedo a alguna represalia o convertirse por el dicho de la demanda en la re victimización del delito.

Retrato de Lesvy Berlín Osorio en Ciudad Universitaria

Recordemos el caso de Lesvy Berlín Osorio quien fue encontrada muerta en el campus de Ciudad Universitaria, el pasado 3 de mayo de 2017, donde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCD), señaló que grabaciones de cámaras de videovigilancia muestran el momento en el que ella se colocó el cable de la bocina de un teléfono en una caseta telefónica en el cuello, por lo que las autoridades de justicia resolvieron que se trató de un suicidio. Sin embargo, testimonios aseguraron que su novio Jorge Luis Hernández González, estaba con Lesvy en el momento del supuesto suicidio. Actualmente, Hernández González está preso en el Reclusorio Oriente, donde está bajo proceso de juicio por homicidio simple por omisión, por no haber evitado el suicidio, en lugar de purgar una pena por feminicidio.

El caso de Lesvy Berlin resulta paradigmático, pues evidencia los vacíos legales del Protocolo para Atención de casos de Violencia de Género. Después de que la PGJCD localizó el cuerpo de Lesvy, la joven de 22 años fue calumniada en redes sociales por las mismas autoridades quienes la denostaron, calificándola de “alcohólica, drogadicta, fósil de la UNAM”, entre otras injurias. En primera instancia las autoridades universitarias pusieron en tela de juicio si Berlín Osorio era o no estudiante de esa casa de estudios. No fue sino hasta que su madre Araceli Osorio Martínez, comprobó mediante una carta pública que su hija estudió en el CCH-Sur, que vivía en unión libre con su novio y sobre todo se pronunció para que las instituciones que procuran e imparten justicia busquen el pleno esclarecimiento de los hechos, actúen con la debida diligencia, investiguen, juzguen y sancionen los hechos con perspectiva de género:

"El 10 de julio del 2017, por medio de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Grupo de académicas expertas en perspectiva de género publicó un segundo comunicado donde expresaron su preocupación por la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, puesto que realizó su trabajo al margen de los protocolos para la investigación del delito de feminicidio y con ello revictimizó a mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio y a la familia obstaculizándonos el acceso a la justicia. Entre las exigencias del grupo de expertas en género se encuentra la observancia del debido proceso, investigar el delito con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y la jurisprudencia obligatoria '1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO', derivada del caso Mariana Lima Buendía, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres la primera línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio".

Otra debilidad del PACVG, es sobre las denuncias falsas. El protocolo indica: "Quienes integran la comunidad universitaria deberán actuar con honestidad al emplear estos procedimientos (…) conforme a la normativa universitaria aplicable tomara las medidas correspondientes en contra de quienes realicen quejas falsas". Este punto se ha prestado a mucha confusión e intimidación para la denunciante, pues en la mayoría de los casos de violencia de género, desconoce la identidad del agresor, por ello, la victima puede desistir de su denuncia por temor a que no se dé crédito a su palabra y ser acusada de incurrir a denuncia falsa. Ejemplo, el caso de Irlanda, de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, quien fuera atacada y brutalmente golpeada por un desconocido cuando iba rumbo a su casa después de salir del gimnasio.

Finalmente, sobre el punto de armonización legislativa, el PACVdG, contraviene normativas nacionales e internacionales en materia de violencia de género, por lo que las especialistas en la problemática sugieren armonizar el protocolo con el Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, así como de otros instrumentos nacionales entre los cuales destacan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Y ante tantas fallas, omisiones e impunidad por parte de los servidores públicos encargados de investigar y sancionar sobre la violencia de género, el pasado 23 de marzo, se llevó a cabo la primera asamblea interuniversitaria en la Facultad de Economía de la UNAM, —no se permitió el acceso a los medios de comunicación— donde alrededor de 400 mujeres, entre estudiantes, trabajadoras y académicas discutieron formas de organización ante la creciente ola de violencia de género tanto en las universidades como en la nación entera. Una de las estudiantes dijo:

"Lo que sucede en la universidad es un reflejo de lo que pasa en el país, donde las políticas de seguridad del gobierno son responsables de que cada día, en promedio, sean asesinadas siete mujeres en México".

Cobran sentido entonces las palabras de la estudiante universitaria pues la Semana Santa fue marcada por una ola de violencia no solo en la UNAM sino en el país. En Tamaulipas se registró un enfrentamiento entre cárteles que se disputan las plazas. En Acapulco hubo cinco heridos de bala durante el rito de la crucifixión de Jesucristo, en Querétaro varios heridos por piquetes de abejas en el mismo contexto cristiano. Y para rematar en redes sociales se difundió el hallazgo de dos cuerpos de mujeres que fueron fatalmente golpeadas y calcinadas dentro de su domicilio, según el reporte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México PGJ.

La habitación quemada donde dormía Graciela Cifuentes (Foto vía: El País)

Las víctimas de feminicidio Graciela Cifuentes, académica de la Facultad de Arquitectura FA de la UNAM y su hija Sol Cifuentes, estudiante de la misma escuela, fueron ultimadas el pasado 15 de marzo. De entre los sospechosos: un trabajador que fue despedido por la arquitecta luego de robar material de construcción, pues la casa de las víctimas estaba siendo reparada después de las afectaciones del pasado sismo del 19 de septiembre en la delegación Álvaro Obregón; el novio de la joven también estudiante de la UNAM y de quien se dice conocía a la perfección la casa, pues las investigaciones revelan que el incendio fue premeditado y la ex-pareja de la madre, un fotógrafo, al que según testigos vieron salir del lugar en el automóvil de las víctimas y que horas más tarde fue reportado como robado según la PGJ.

Tanto las autoridades de la UNAM y de la FA, exigieron a la PGJ investigar y esclarecer, dar castigo ejemplar a los asesinos y catalogar el crimen como
feminicidio “aun cuando los homicidios se cometieron fuera de las instalaciones de la UNAM”.