En la región de la Montaña en Guerrero, ubicada a cuatro horas y media hacia el noreste del Puerto de Acapulco , existe un pueblo que ha logrado mantener sus tierras verdes, su agua limpia y sus creencias fuertes. La comunidad San Miguel el Progreso está alejada de todo tipo de contaminación, y esto se debe a que logró vencer en el terreno jurídico a la empresa Minera Hochschild México, a quien se había dado en concesión parte del territorio para la explotación minera. Resulta muy interesante que una comunidad como San Miguel el Progreso permanezca auténtica ante las situaciones de pobreza y crimen que existen hoy día en la Sierra de Guerrero. Una población de campesinos, que basa su economía en la siembra del maíz y el café, logra seguir siendo independiente a través de la integración social, ya sea a nivel regional en los grupos agrarios que conforman la sierra, o en la comunidades donde cada hogar contribuye a la actividad económica.
En el 2015 la Secretaría de Economía declaró libres 59 mil hectáreas en la montaña de Guerrero para la explotación minera. Los proyectos otorgados a la empresa Hochschild México fueron titulados Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, y estos buscaban extraer oro y plata del subsuelo. La Secretaría de Economía afirmaba que la extracción de estos minerales ayudaría a las comunidades más pobres de Guerrero, al proporcionar empleos y casas a quienes solían vivir en esas tierras. Sin embargo, el extractivismo de esta montaña representaba un gran peligro para los tlapanecos que ahí residen, puesto que implicaría la necesidad del desplazamiento de cientos de personas, la contaminación del suministro de agua y la demolición del cerro Trino, lugar en donde rezan a Dios y le piden permiso a la tierra para hacer sus cosechas.
Frente a mí se encuentra Maribel González, abogada de la organización defensora de los Derechos humanos Tlachinollan, y Valerio Amado, presidente del Comisariado de bienes comunales de San Miguel el Progreso. Estamos dentro de un salón hecho por las manos de la comunidad, con la madera del cerro.
Maribel González representa a la defensa de estos pueblos para conservar su territorio, y menciona que la lucha que ellos afrontan no solamente se basa en conservar un pedazo de tierra, sino que es una lucha por seguir siendo hijos del fuego, ya que en esta comunidad hay un sincretismo entre el catolicismo y la adoración de los elementos naturales que la rodea.
Valerio Amado expresa los miedos de la comunidad, los cuales se basan en la división de sus habitantes y la delincuencia que podría arraigarse de manera externa. La creación del Consejo regional de autoridades agrarias en defensa del territorio trajo paz a los 21 núcleos agrarios que la conforman, puesto que la policía municipal no protegía a los campesinos.
Finalmente, Maribel González describe una estrategia de fortalecimiento a nivel regional, para así defender en la vía jurídica a todos estos pueblos indígenas y sus tierras: “La estrategia que desde Tlachi se ha impulsado junto con las comunidades es una estrategia preventiva del cuidado del territorio. Con las experiencias que se han tenido en el Estado de Guerrero, se ha constatado que los riesgos de aceptar la actividad minera son fatales. El caso más cercano es Carrizalillo, en donde se han visto las consecuencias graves de la actividad minera. (...) La estrategia está basada en el fortalecimiento de la comunidad, pero también en el fortalecimiento de la organización comunitaria a nivel regional y también la vía jurídica de impulsar estos amparos”.
El hecho de que una población como San Miguel el Progreso gane un amparo para preservar su territorio es motivo de celebración, pero también de reflexión. Este caso no debe verse como un acontecimiento aislado en el universo de noticias que pasan en nuestro país, sino que debe ser analizado como una batalla ganada contra la indiferencia que se tiene ante las poblaciones indígenas de México. Sin embargo, vale la pena felicitar a los tlapanecos de la Sierra de Guerrero.