Por Pablo ReynaRecientemente, en el sur que no vemos sucede de todo:

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, coordinó la detención de la vicepresidenta Baldeti y la prisión preventiva del presidente Molina por actos de corrupción.
La Organización de Estados Americanos (OEA) creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para luchar contra la impunidad en ese país.
Con todo y el bloqueo, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos paulatinamente se restablecen.
En La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC) y el gobierno colombiano han acordado que después de varias décadas de conflicto armado firmarán la paz a más tardar en marzo de este año.
En Perú se preparan para elegir presidente el próximo abril.
Brasil atraviesa por una acentuada crisis económica aderezada de escándalos de corrupción y con los índices históricos más bajos de aprobación a la labor de la presidenta Rousseff.
En Ecuador, Rafael Correa anunció que no se presentará a un tercer proceso de reelección en 2017.
Bachelet, la presidenta de Chile, enfrenta la acusación de corrupción de su propio hijo, así como muy bajos índices de aprobación a su mandato.
En Bolivia, este 21 de febrero cuando se someta a referéndum la reforma constitucional que permitiría a Evo Morales buscar su segunda reelección.
Mauricio Macri asumió la presidencia argentina después de 13 años de la era kirchnerista
La oposición venezolana logró la victoria en las elecciones parlamentarias y, por lo tanto, el control de la Asamblea Nacional en Venezuela.

La confluencia de estos procesos, especialmente en América del Sur, han abierto las discusiones sobre los logros, las limitaciones, el agotamiento y hasta el posible fin del llamado ciclo progresista. Por ciclo progresista nos referimos al periodo iniciado en 2003 en el cual gobiernos de izquierdas impulsaron el rescate del papel económico del Estado, la regulación de algunos segmentos del mercado, así como políticas sociales fuertes para disminuir la pobreza y la desigualdad entre la población de varios países de América Latina. Estos progresismos, insertos en el sistema capitalista, aprovecharon un periodo de precios altos en las materias primas para financiar sus políticas sociales sin tocar, en su mayoría, la ganancia y el poder de las clases altas. Entre sus efectos positivos se pueden destacar los esfuerzos hacia la integración regional y la reducción de la pobreza. Por el contrario, la dependencia de los extractivismos, la corrupción, el hiperpresidencialismo y sus enfrentamientos y represión a movimientos sociales sobresalen entre los impactos negativos. Las derrotas electorales de los progresismos en Argentina y Venezuela son una prueba de fuego para dimensionar cuánto de lo conquistado estos años es irreversible o, en cambio, puede ser desandado en corto tiempo. La coyuntura amerita el análisis y el reconocimiento de las limitaciones y equivocaciones de los gobierno progresistas, proceso que requiere de una apertura que no han mostrado ante las críticas y movilizaciones de diversos actores, como los pueblos indígenas, a los que han llegado a reprimir por su oposición a diversos proyectos extractivistas. Podría ser el tiempo de imaginar y construir una nueva economía que luche contra el hambre sin destruir el medio ambiente y los modos de vida diversos de Latinoamérica. ¿Pero cómo lograrlo sin la energía social y popular que los progresismos han desgastado, desmovilizado e, incluso, dilapidado? En fin, de todo sucede en este sur que no vemos.

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