El recorrido Andino: Plebiscito Nacional en Chile
El precursor del plebiscito nacional fueron las protestas sociales suscitadas en octubre del 2019 y hasta comienzos del 2020. El detonante directo fue un aumento en una alza en la tarifa del transporte público en Santiago que detonó una movilización masiva por parte de estudiantes para protestar dicha modificación.
Sin embargo, las demandas sociales se fueron esparciendo de manera generalizada, donde distintos sectores sociales comenzaron a protestar acerca de la falta de mecanismos de protección social. Los altos costos de vida, las bajas pensiones, el alto costo de los servicios de salud y medicamentos, así como el desconocimiento de la clase política (sobre todo hacia el exministro de interiores Andrés Chadwick y su manejo de los carabineros y la represión hacia la comunidad mapuche) así como un rechazo de la estructura institucional del país, dentro del cual se encuentra la Constitución.
Inicialmente el 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera decretó un estado de emergencia y un toque de queda para disuadir las protestas. Posteriormente, alrededor del mundo circularon diversas fotos que mostraban los efectos dañinos de los perdigones disparados por carabineros chilenos hacia protestantes, en el cual muchas personas resultaron cegadas por el uso de fuerza.
Las protestas congregaron a millones de personas, se estima que la marcha del 25 de octubre del 2019 congregó aproximadamente 1,200,000 de personas. Las calles de Chile se convirtieron en una zona de batalla, pero también en espacios de conciertos masivos y manifestaciones culturales.
Lo que siguió fueron una serie de medidas emitidas por Sebastián Piñera hacia finales del mes de octubre para intentar apaciguar las tensiones, entre ellas: ingreso mínimo garantizado, aumento inmediato del 20% de la pensión básica solidaria, la propuesta de la creación de un seguro que apoye para cubrir el gasto de medicamentos y la estabilización de la electricidad.
Recientemente en junio de este año se prometió reformular el sistema de pensiones privado, mientras que legisladores discutían la posibilidad de que las personas pudieran retirar el 10% de sus ahorros de pensiones para afrontar la crisis económica y social producto de la pandemia del COVID-19. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el desempleo para el mes de junio en el país alcanzó un 12.25%, un aumento del 76% respecto a noviembre del 2019. De acuerdo a la CEPAL, la pobreza también pasará de afectar al 9.8% de la población en el año 2019 a entre 11.9 y 13.7% de la población en el 2020.
A pesar de estas medidas, lo más anticipado para este año es la consulta acerca de una nueva constitución. Los lineamientos del acuerdo por el cual se ejercería esta consulta se establecieron mediante el Acuerdo por la paz social y la nueva constitución discutido en el Congreso Nacional entre los partidos de la coalición oficialista “Chile Vamos” y los partidos de oposición, luego de arduas discusiones si este proceso debería redactarse mediante un congreso constituyente (sin la participación directa de la ciudadanía en la redacción de la Carta Magna) o una asamblea constituyente (con la creación de un Consejo de Supervisión Ciudadano en la creación de esta). El presidente firmó el decreto para generar el plebiscito el 27 de diciembre del 2019.
Originalmente el referéndum estaba planteado para el 26 de abril, pero dado los estragos suscitados por la pandemia del COVID-19, este se reagendó para el 25 de octubre.
¿Qué se vota?
Lo que se vota este 25 de octubre es un plebiscito nacional, en el cual se le preguntará a los ciudadanos chilenos si está de acuerdo con el inicio de un proceso constituyente para generar una nueva Constitución en el país. Serán dos papeletas, cada una contará con una pregunta y dos opciones:
¿Qué está en juego en Chile?
La Constitución Política de la República de Chile fue aprobada el 8 de agosto de 1980 durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Esta rigió al país desde el 11 de septiembre de 1973 tras el Golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, hasta el 11 de marzo de 1990.
La historia de Chile tiene un antecedente importante en términos de plebiscito. En 1988 se celebró el referéndum para determinar si Augusto Pinochet debía de seguir ocupando el poder. El resultado definió su salida con 55% de los votos depositados a favor del movimiento de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, mejor conocido como “No.”
Actualmente, la iniciativa de redactar una nueva constitución sepultará en términos simbólicos el legado de la dictadura militar. Por otro lado, representa un reto para el presidente Sebastián Piñera, quien es acusado por la oposición de querer mantener el legado del dictador.
Tras las protestas, Piñera destituyó a su Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien fue miembro de la Junta Militar de Gobierno y fiscal del Ministerio de Planificación Nacional durante la dictadura. Asimismo, el presidente chileno ha declarado que el gobierno militar impulsó la economía del país y se posicionó en contra del arresto del general en Londres por presuntas implicaciones en delitos de desaparición forzada y tortura en el año 2000.
El columnista y analista Cristián Torres diagnosticó que Piñera, aunque asintiera a la propuesta de una nueva carta magna, a la luz de los expertos y críticos, “alcanzaría para un gol del honor en medio de un partido que ya está perdiendo por goleada.”
La represión, la desigualdad, los feminicidios, la crisis económica y de salud por las que cursa el país exigen un cambio de raíz. Mientras que por el otro lado, el haber aceptado el cambio constitucional decepciona a las bases más conservadoras de su partido y chilenas que sienten afinidad por el legado del general. En vísperas de las elecciones generales en Chile de 2021, Piñera tiene una popularidad reducida al 22% de aprobación con un rechazo del 70% según la encuesta de septiembre de Criteria. Su salida complica la continuidad de la coalición de Chile Vamos.
¿Qué se dice?
Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha tenido una participación activa en lo que ha sucedido en su país de origen, Chile. Como alta comisionada envió en octubre del año pasado una misión de investigación a Chile para incurrir en las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, enmarcado en la crisis política-social. Se pronunció diciendo:
"Tras monitorear la crisis desde el comienzo he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión”
Esta vez ha salido para dar su apoyo a favor de la redacción de una nueva Constitución, además de especificar su preferencia por la modalidad de la “convención constitucional”, en este sentido que el proceso se lleve a cabo por una asamblea por ciudadanos electos. Esto tuvo que decir al respecto en esa ocasión y que retomó el periódico El Universal:
Texto por: Luisma León & Marco Solís
