La mañana del 19 de julio de 2015 se inició un operativo encabezado por el Ejército Nacional, la Marina Armada de México y la Fuerza Ciudadana de Michoacán para detener a Cemeí Verdía, líder del grupo de autodefensa del municipio de Aquila.
Este hombre fue detenido mientras desayunaba en una fonda de la localidad. Al momento de este suceso los habitantes del municipio salieron a manifestarse y realizaron bloqueos en algunas carreteras aledañas.
A partir de aquí hay distintas versiones recabadas por medios de comunicación y por las propias autoridades. Al momento de estar frente a frente, los pobladores y el ejército, una serie de disparos quitaron la vida a un menor de 12 años e hirieron a cinco personas.
El comandante Felipe Gurrola, encargado de la seguridad del Grupo de Coordinación Michoacán, ha negado que elementos del ejército hayan disparado en contra de la población, sin embargo, hay testimonios de los mismos pobladores diciendo que las autoridades fueron las que iniciaron el enfrentamiento. El ejército argumenta que fueron civiles armados quienes dispararon en contra de ellos y de las personas que se manifestaban, en una conferencia de prensa presentaron una serie de fotografías mostrando a los posibles agresores.
Ibero 90.9 sostuvo una conversación con el especialista en derechos humanos y académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Juan Carlos Arjona, para analizar este suceso.
El profesor Arjona da un poco de contexto y explica que la relación entre los grupos de autodefensa y las autoridades siempre ha sido tensa. Dentro de los especialistas en derechos humanos existen distintas posturas sobre estos grupos. Por un lado, hay quienes piensan que estas personas están en todo su derecho de portar armas y defenderse, sobre todo frente a la corrupción e inseguridad que se vive en Michoacán, al mismo tiempo, hay quienes piensan que no es favorable permitir su existencia pues podría significar la creación de grupos paramilitares como ocurrió en Perú y Colombia. La relación con el gobierno federal y estatal siempre ha sido tensa, hasta hace poco se les intentó regularizar con la figura de la Policía Rural, sin embargo, no todos los grupos existentes se han unido y además ha habido detenciones de algunos líderes que provocaron tensiones entre las distintas poblaciones.
Debido a que este suceso surgió de un operativo, se le pidió a Juan Carlos Arjona comentara las medidas que deben tomar los elementos del ejército al llevar a cabo una acción de este tipo. Él detalla que existe un manual del uso de la fuerza que es válido para todas los cuerpos de seguridad federal. En este texto se dice claramente cuándo pueden usar la fuerza, cómo deben analizar la manera de responder y ser proporcionales si es que están siendo atacados. Incluso se establece una medida reciente que obliga al ejército a grabar todos sus operativos. Juan Carlos Arjona hace énfasis en este punto pues debería existir dicho video que serviría para aclarar lo que sucedió.
Tomando en cuenta que existen distintas versiones; en opinión del profesor Arjona resulta complicado para los ciudadanos comprender cómo ocurrió este hecho. Comenta que pareciera que las autoridades tratan de cubrirlo declarando que ellos no participaron en la agresión en lugar de realizar investigaciones primero. Al mismo tiempo se le hace importante señalar que el ejército lleva mucho tiempo presente en Michoacán y conoce las distintas regiones, esto permite asumir que cuando planearon el operativo tomaron en cuenta las posibles agresiones y respuesta de la población. Estos detalles son solo algunos ejemplos que no permiten tener claridad sobre lo que pasó
Para Juan Carlos Arjona es fundamental el papel que jugarán la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la estatal. La primera ya anunció que se inició una queja y enviarán visitadores adicionales para investigar lo sucedido el domingo 19 de julio en Aquila. Aun así hemos visto una embestida de las autoridades en contra de la labor de estos organismos, parece como si no quisieran dejarlas trabajar o acusarlas de permitir que ocurran crímenes. Estas comisiones deberían tener un rol más proactivo, verificar y documentar los hechos, dejar claro que los procesos de investigación deben seguirse de acuerdo a la ley. Hay muchas inconsistencias en las declaraciones de las autoridades y de los testimonios de las personas presentes en el hecho, todo esto debe formar parte de la investigación que realicen los organismos de derechos humanos.
Finalmente para Juan Carlos Arjona se podrían esperar nuevos enfrentamientos entre los grupos de autodefensa o las policías rurales y las autoridades. Seguramente veremos un recrudecimiento de la violencia en Michoacán, desafortunadamente y a pesar de las medidas tomadas desde hace años no se ve un proceso de reconstrucción del tejido social, sigue habiendo una gran desconfianza en las autoridades.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer un comunicado de habitantes de Ostula donde manifiestan su descontento por los sucesos derivados del operativo donde fue detenido Cemeí Verdía. Consideran que es una traición pues este grupo de autodefensa había colaborado plenamente con las autoridades, quienes además actuaron arbitrariamente al atacar a los pobladores que se manifestaban ese día.
Los visitadores de la CNDH ya se encuentran en Michoacán e iniciarán sus investigaciones, las autoridades del estado han dicho que realizarán lo propio, mientras tanto algunos grupos de autodefensa de otras regiones han declarado que no permitirán este tipo de acciones, otros prefieren mantenerse a un lado.