Piden a Suprema Corte analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera para garantizar su derecho al territorio. Por Sara González
La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, cuando la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V, reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera.
San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.
El 15 de julio 2013, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos 6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.
El 12 de febrero de 2014, el Juez Primero de Distrito del Estado de Guerrero otorga el amparo a la comunidad. La sentencia representa una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense considera que han sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”.
“Solicitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. En conferencia de prensa, representantes de la comunidad y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan explicaron que el poder ejecutivo busca impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.
La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.