La iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Peña Nieto tiene elementos muy criticables pero también existen algunos que representan beneficios reales o potenciales para las audiencias o los usuarios.

En la propuesta del presidente y siguiendo los lineamientos de la reforma constitucional del 2013 se reconocen por primera vez los derechos de las audiencias. Se reconoce la importancia y necesidad de la pluralidad de contenido y de ideas, la diferenciación entre opinión y noticia, la distinción entre publicidad y programación, la calidad de la señal y el derecho de réplica.

Por otro lado, la iniciativa obliga a los concesionarios a crear una defensoría de la audiencia con la cual se podrá reclamar a los medios de comunicación por la calidad de sus contenidos o por algún suceso en la que algún ciudadano no esté de acuerdo. Esta defensoría se regirá por el código de ética de cada medio de comunicación. En este punto existen críticas a la propuesta por no establecer criterios más rígidos respecto a la elaboración de los códigos, sin embargo, la experiencia internacional muestra que es mejor dejar a los medios elaborar el propio por su cuenta, de lo contrario, se podría caer en un control o censura por parte de las autoridades.

El reto recae en la audiencia para exigir a los medios de comunicación la elaboración de un código de ética que refleje la esencia del mismo y sobre todo el obligarles a cumplirlo o reclamarles a través de la defensoría.

Lo relevante es resaltar que existen beneficios tangibles para los ciudadanos siguiendo el espíritu de la reforma aprobada en 2013, hay elementos en la iniciativa secundaria que pueden ser mejorados, como toda ley, es perfectible. La invitación es a que nos informemos y si así lo consideramos necesario, participemos, exigiendo los cambios que creamos necesarios.

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