Este jueves 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado así desde 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué representa este día para México?

De acuerdo con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, Jan Jarab, hay más de 35 mil casos de desapariciones registrados y "nadie sabe" qué porcentaje de ellas son responsabilidad de las autoridades.

Según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

En el contexto actual de nuestro país, existe una creciente ola de violencia relacionada con el crimen organizado. Miles de secuestros y desapariciones se le atribuyen a estos grupos, pero el Estado también ha tenido una participación importante, ya sea mediante la intervención directa o indirecta de las autoridades públicas en conjunto con particulares o grupos criminales organizados.

"México debe profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales. Para ello, se alienta al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; y participar en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015"

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México

La desaparición forzada representa una crisis social e institucional, en el que el Estado se muestra incapaz de esclarecer los hechos, lo que resulta devastador para las familias de las víctimas al no tener información sobre el paradero de sus seres queridos. En la mayoría de los casos, las familias se ven en la necesidad de emprender la búsqueda de sus familiares por años, generalmente, sin éxito y utilizando sus propios recursos para ello.

Una de las recomendaciones principales por parte de distintos organismos internacionales es que debe existir un un registro de información completo y eficaz, ya que las cifras oficiales varían mucho en comparación con la de varias asociaciones civiles u organismos que se especializan en el tema.

Finalmente debe de reconocerse y priorizarse esta situación y legalmente es necesaria contar con un aparatado enfocado en la reparación de las víctimas y sus familiares.