Por Ana Laura Citalán
En 2019, Norma, una niña de 13 años que vivía en su casa en Ecuador, junto con su madre y padre. Quedó embarazada como resultado del abuso sexual ejercido por su progenitor, quien ya había sido denunciado anteriormente por haber violado a otras niñas de la familia.
Debido a las restricciones legales para realizarse un aborto, Norma fue obligada a llevar su embarazo a término, y a pesar de haber expresado que no deseaba criar al niño, fue mal informada y terminó criándolo en condiciones de pobreza y sin acceso a la educación.
Susana, tiene un año menos que Norma, y vive con sus abuelos en una de las calles de Nicaragua. En 2019, fue violada por su abuelo, y forzada, también, a llevar su embarazo a término. Cuando Susana tenía seis años, su abuelo comenzó a abusar sexualmente de ella, la mantuvo aislada y le negó el acceso a una educación básica.
Después de que naciera su bebé, Susana y su abuela decidieron pedir apoyo a las autoridades, y Susana presentó una denuncia solicitando la protección contra su abuelo. La orden de detención emitida no pudo proceder, según les mencionaron las autoridades, y se les negó algún tipo de protección debido a que su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona; Susana tuvo que conservar al niño y fue criado por su abuela.
Durante ese año también se presentó el caso de Lucía, una niña de 13 años que fue abusada sexualmente por el sacerdote de su comunidad durante varios meses; él también la obligó a tomar pastillas anticonceptivas, hasta que Lucia quedó embarazada.
Lucía continuó con sus estudios en la secundaria y presentó una denuncia penal en contra del sacerdote. Ella y su familia fueron amenazados para que retiraran la denuncia, debido a su posición social y religiosa; ellos se negaron. Las autoridades no tomaron ninguna medida legal contra el sacerdote y fue obligada a llevar su embarazo a término; el bebé está siendo criado por sus padres.
El 20 de enero de este mismo año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU retomó estos casos y señaló, por primera vez en la historia, que el embarazo o la maternidad forzada representa un acto que equivale a algún tipo de tortura y constituye una violación a los Derechos Humanos de las personas gestantes en esta situación. Además, señaló que esto vulnera los derechos acordados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (El Pacto).
No solo se trata de una violación a sus derechos humanos, sino también de una contradicción legal
En Ecuador, el aborto está permitido únicamente cuando representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada. En cualquier otro caso, está penado con hasta tres años de cárcel, según lo establecido en el inciso primero del Artículo 447 del Código Penal de Ecuador.
En Nicaragua, la situación es aún más restrictiva. De acuerdo con la Ley 641 del Código Penal, el aborto se castiga con penas de uno a seis años de cárcel en todas las circunstancias, tanto para la mujer que se lo practique intencionalmente, como para el profesional de la salud que lo realice.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), junto con Center for Reproductive Rights, Planned Parenthood, Amnistía Internacional y el movimiento Son Niñas, No Madres, realizó un análisis de estos tres casos y destacó la importancia de considerar el contexto político y social de los países donde se vulneran estos derechos.
Según Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, “existen graves obstáculos para atender a víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas. Una vez que solicitan servicios de salud para interrumpir el embarazo, se les criminaliza, a pesar de haber sido víctimas de un delito y de violencia por parte de otra persona. Esto demuestra cómo los Estados están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, tanto en el acceso a la salud como en el ámbito de la justicia”.
Una de las principales razones por las que las denuncias no proceden en estos tipos de casos es por la insuficiencia de vías nacionales de acceso a la justicia, lo que permite la violación de los Derechos Humanos de las víctimas.
Rebeca Ramos plantea: “en Nicaragua existen ciertas posiciones ideológicas en contra del reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas con capacidad de gestar. El Estado, a través del Congreso, la presidencia y las instituciones de justicia, prefiere dar más peso a estas posiciones ideológicas con el supuesto eslogan de que son ‘provida’, pero no hay nada más alejado de la realidad, porque los casos de Susana, Lucía y Norma muestran que no se están generando garantías para prevenir la violencia sexual”.
Un aborto seguro requiere de un profesional de la salud preparado
Tanto la prohibición total del aborto en Nicaragua como las restricciones en Ecuador, representan una violación a diversos artículos de sus códigos penales. En ambas legislaciones se tipifica como delito la privación de la libertad e integridad sexual cuando un adulto mantiene relaciones con un menor de 14 o 18 años.
Sin embargo, las mismas leyes que buscan regular la interrupción del embarazo terminan obstaculizando el acceso a servicios de salud y forzando a los profesionales médicos a incumplir sus obligaciones éticas y legales.
“Un aborto seguro es crucial para la atención de la salud”, ha reconocido Craig Lissner, director interno de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS.
Rebeca menciona que es necesario una reformulación de la legislación, ya que la prohibición total del aborto en Nicaragua o la limitación del aborto en Ecuador si no representa un riesgo de salud o muerte a la madre, tambien aplican sus consecuencias legales para abortos que no son inducidos. Tales regulaciones legales dejan fuera los embarazos espontáneos, según Intramed solo el 30% de los embarazos llegan a término.
El personal médico de las instituciones de salud no está capacitado, o muchas veces no cuenta con los insumos necesarios para atender a personas que solicitan estos servicios debido a las restricciones legales, por lo que 12% de las muertes maternas en América Latina derivadas de abortos clandestinos o inseguros, según datos de la Amnistía Internacional.
“La Organización Mundial de de la Salud en 2020 señaló que el aborto, no debe de ser considerado ni debe de ser regulado por el derecho penal, que tiene que ser regulado desde el ámbito de la sanidad, desde el ámbito de la salud en el caso de México”, finaliza Rebeca Ramos.