La prisión preventiva sí debe existir en nuestro sistema de justicia, pero solo cuando se trate de un caso que pone en peligro a la víctima, a un testigo o cuando hay riesgo de fuga del acusado, de acuerdo con Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
El pasado 13 de agosto se aprobó en comisiones un dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución con el fin de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, junto con una reserva que evita que los juzgados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación detengan su aplicación.
Imagen tomada de las redes sociales del Centro Prodh.
Sobre esto, Santiago Aguirre dijo en entrevista para Radar 90.9 que la medida va en contra de los derechos humanos porque niega la presunción de inocencia, asegurando que todas las personas señaladas deberían enfrentar sus procesos en libertad, con algunas excepciones de riesgo.
“Con estas medidas se satisface la demanda de mano dura penal o de seguridad sin realmente solucionar nada”.
Aguirre argumentó que la prisión preventiva genera más actos de corrupción durante la investigación de los casos y el momento del juicio, luego de que la persona ya pasó varios años en prisión se vuelve menos relevante.
“Lo que hace la prisión preventiva oficiosa es que el momento definitorio es la acusación y eso genera que sea el momento más proclive a que se incurra en actos de corrupción, porque el costo de que el Ministerio Público acuse puede ser mucho mayor”.
Escucha aquí la entrevista completa:
