El presidente de Estados Unidos amenazó con aranceles y Colombia tuvo que tomar una decisión: ceder o enfrentar una crisis económica. Aquí te contamos cómo se resolvió este conflicto diplomático.
Por Silvia Dichi Atri
¿Qué haces cuando tu decisión molesta a una potencia mundial? Esa fue la realidad que enfrentó Colombia el viernes 24 de enero, cuando el gobierno tomó una postura inesperada: rechazó la llegada de dos vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos.
Según Gustavo Petro, presidente de Colombia, no se trataba solo de recibir a estas personas, sino de asegurarse de que lo hicieran bajo condiciones dignas. Pero esta postura generó un choque directo con la Casa Blanca.
El presidente, Donald Trump anunció el 26 de enero que impondría aranceles de 25% a las importaciones colombianas, con la posibilidad de incrementarlos a 50% en una semana, en respuesta a la negativa del gobierno colombiano de recibir vuelos con migrantes deportados. Además, su administración impuso restricciones de visado a funcionarios colombianos y sus familias, bloqueando la emisión de nuevas visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
El 27% de las exportaciones totales del gobierno colombiano tienen a la Casa Blanca como destino, incluyendo productos clave como manufacturas y recursos naturales. Para dimensionarlo, esta medida habría afectado un comercio bilateral que equivale a casi la mitad del presupuesto anual del gobierno de Petro o al valor total de sus exportaciones de petróleo en un año.
El acuerdo que evitó el desastre
Tras negociaciones intensas, el domingo por la noche, Bogotá y Washington llegaron a un acuerdo. El gobierno colombiano aceptó recibir a los migrantes deportados, mientras que la Casa Blanca suspendió la implementación de los aranceles. Como parte del acuerdo, el gobierno colombiano, incluso, puso a disposición un avión de la Fuerza Aérea para trasladar a los migrantes.
El acuerdo evitó una crisis económica, pero organizaciones de derechos humanos expresaron dudas sobre si realmente se garantizó un trato digno a los deportados. Según el gobierno colombiano, el primer vuelo incluyó a 110 migrantes, quienes fueron recibidos con apoyo básico inicial, aunque no se detalló cómo se garantizaría su reintegración al país.
Un reflejo de desigualdad
Cuando una potencia económica presiona, las decisiones no siempre son libres. Este enfrentamiento entre Bogotá y Washington dejó claro que, cuando se trata de intereses económicos, las personas muchas veces no son la prioridad.
La Casa Blanca usó su poder económico para presionar y el gobierno colombiano, con menos margen de maniobra, tuvo que negociar para protegerse de sanciones que habrían afectado su economía. Aunque lograron evitar un impacto inmediato, el verdadero costo de estas decisiones aún está por verse.
En medio de este panorama, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el embajador Daniel García-Peña viajaron a Washington para fortalecer los acuerdos recientes, garantizar el cumplimiento de las condiciones para los deportados y evitar que las tensiones volvieran a escalar. Este encuentro también tuvo como objetivo asegurar una relación más estable entre ambos países y discutir el impacto de las medidas económicas en curso.
¿Y el futuro?
El conflicto, aunque pausado, dejó preguntas inevitables. ¿Qué pasará si la Casa Blanca intensifica las deportaciones? ¿Está el gobierno colombiano realmente preparado para recibir y reintegrar a más migrantes bajo condiciones adecuadas?
México, que también ha enfrentado presiones en materia migratoria, ha sido un actor clave en la estrategia de deportaciones de Washington. Aunque su relación comercial con Estados Unidos es mucho más grande que la de Colombia, eso no lo exime de posibles medidas de presión como los aranceles. Si Bogotá tuvo que ceder ante las amenazas, ¿qué tan lejos está México de enfrentar un escenario similar?