Por Eréndira Derbez
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) surgió a partir de la publicación de la reforma constitucional del 27 de mayo del año pasado. Con este sistema el gobierno recalcó su “compromiso con la prevención y combate a la corrupción”, se dijo entonces. El costo de la corrupción es enorme en países como el nuestro y es un pesado fardo en la construcción de la democracia. Un cáncer mundial.
En teoría, el sistema está cimentado en una ley y una serie de reglamentos. En estos documentos se define cómo se coordinan las instituciones encargadas de combatir la corrupción y los mecanismos de participación ciudadana. Este sistema busca integrar la labor de un conjunto de autoridades coordinadas en el combate a la corrupción. Una labor que se espera sea nítida y eficaz.
Hasta ahora se han aprobado siete paquetes de ordenamientos secundarios de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, entre ellos la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que establecen las sanciones a quienes cometan actos de corrupción, -sean servidores públicos o no-.
Estos siete ordenamientos se discuten aún en el Senado, pese a que el 28 de mayo venció el plazo constitucional establecido para su publicación. El lento paso de la gigantesca tortuga de la casta política.
Pero a pesar de este enorme retraso, la ley avanza. El pasado 13 de octubre el Senado aprobó a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Los integrantes propuestos por las asociaciones de la sociedad civil son: Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras. Los propuestos por las instituciones de educación superior fueron: María Elena Morera Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Silva Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa, académico de la Universidad Iberoamericana.