El pasado lunes 25 de mayo fue publicada en el periódico oficial del estado de Aguascalientes la nueva Ley de Educación (aprobada por unanimidad en el congreso del estado). Entre diversas iniciativas, contiene adecuaciones que pretenden favorecer acciones concretas mediante apoyos a estudiantes, escuelas y a la comunidad escolar.

Sin embargo, de manera apenas perceptible, se aprobó una adición al artículo 4º que a la letra, dice:

“La Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

Esta reforma —un eco de la que también se pretendía aprobar en Nuevo León— ha sido llamada PIN Parental. En ese estado, también se tenía el propósito de buscar que las escuelas tuvieran que solicitar el consentimiento de los padres antes de dar contenidos “que sean moralmente controvertidos” en las aulas. Sin embargo, fue rechazada después de que la Secretaría de Gobernación se pronunciara públicamente en contra de la iniciativa, al afirmar que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes al restringir su educación sexual. Situación que en Aguascalientes, fue pasada por alto.

Elena Anaya, especialista en derecho con perspectiva de género y miembro de Cultivando Género A.C., advirtió que esta legislación podría detonar incluso un aumento en los embarazos y abusos en menores de edad:

“El llamado PIN Parental no es más que un veto al cual tienen derecho los padres de familia para evitar que sus hijos, dentro del aula escolar, puedan acceder a información sobre ciertos temas. En este caso, casi de forma expresa, se establece que es en relación a la educación sexual. Lo han dicho muchísimos estudios: en las sociedades donde la educación sexual es un tabú, crece la violencia sexual, embarazos no deseados, e incluso la violencia contra la comunidad LGBT”.

Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, explicó que esta reforma vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes al fomentar que se prescinda de información esencial para su salud y desarrollo:

“Evidentemente vulnera varios derechos de los niños. El primero, en donde se señala que la educación es laica, lo está vulnerando. La tradición religiosa del estado va a tener impacto en la educación que los padres elijan. El segundo punto, es que una jurisprudencia de la SCJN, en donde señala que la educación que se da a los niños, niñas y adolescentes tiene que tener fundamentos en salud sexual y reproductiva. Vemos que contrasta el alto número de embarazos en niñas”.

Colectivos, organizaciones y asociaciones del estado publicaron recientemente una carta en donde consideran que estas modificaciones a la ley van en contra los principios básicos de una “educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, enunciado que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los que México forma parte como miembro de la ONU. Además, solicitaron al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presente acción de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.