La ética de lo concreto y la despenalización de la marihuana por David Fernández, Rector de la UIA

Ponencia que el Mtro. David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, presentó durante el Debate nacional sobre el uso de la mariguana convocado por la Secretaría de Gobernación.

Hay cuatro tipos de personas que argumentan en contra de la despenalización de las drogas. Estos tipos han sido más o menos sistematizados por algunos académicos, entre los que destacan Rodolfo Vázquez, Carlos S. Nino, Ernesto Garzón Valdés, entre otros.

El primer grupo es de tipo paternalista. Son aquellas personas que quieren ayudar a sus semejantes a preservar su salud física y mental mediante la intervención autoritativa del Estado. Los argumentos que esgrime este tipo de personas fueron analizados a fondo por John Stuart Mill cuando se pregunta si el Estado, a través de leyes y reglamentos, puede intentar evitar que un individuo se lastime así mismo. A quienes abogan por esta postura no les importa si el Estado es liberal. Ello no impide que preconicen la obligación estatal de intervenir paternalistamente, incluso con coacción, en la autonomía de los individuos. Sin embargo, para que esta intervención se justifique debe haber dos condiciones necesarias. La primera es que se constate la incompetencia del individuo. Un individuo es incompetente:

1. cuando ignora elementos importantes de la situación en la que tiene que actuar;

2. cuando sus facultades mentales están reducidas;

3. cuando no tiene fuerza de voluntad de suerte que no puede llevar a cabo sus propias decisiones;

4. cuando actúa bajo compulsión. La segunda condición necesaria tiene que ver con el deber de intervenir por el solo interés del individuo y no de un tercero. Por ejemplo para evitar a este último un daño. Cuando se cumplen las dos condiciones se puede hablar de un paternalismo justificado, según la larga tradición de la filosofía jurídica que hemos citado.

Con todo, una persona que conoce bien las situaciones en las que tiene que actuar, que puede llevar a cabo sus propias decisiones, que tiene completa sus facultades mentales, que no actúa de manera compulsiva, y que quiere asumir riesgos al punto de poner en serio peligro su vida, no puede ser constreñida por el Estado a realizar o dejar de hacer la acción, ni simplemente ponerle un número límite de veces para llevarla a cabo. En una situación así estaríamos delante de un paternalismo injustificado, dado que la condición que tiene que ver con la incompetencia del sujeto no se cumple. Es claro que, con estos mismos argumentos, se podría prohibir el automovilismo, tirarse en paracaídas, escalar montañas o bajar en rapel por las rocas, etc.

"...una persona que conoce bien las situaciones en las que tiene que actuar, que puede llevar a cabo sus propias decisiones, que tiene completa sus facultades mentales, que no actúa de manera compulsiva, y que quiere asumir riesgos al punto de poner en serio peligro su vida, no puede ser constreñida por el Estado a realizar o dejar de hacer la acción, ni simplemente ponerle un número límite de veces para llevarla a cabo"

Un segundo tipo de personas son aquellas que pretenden el perfeccionamiento de la condición humana, el cultivo de la virtud. Éste grupo se fija más en la degradación moral o en la calidad de "viciosos" de aquellos que incurren habitualmente en el uso de drogas. Su preocupación no es la salud física o psicológica del sujeto, sino la valoración que hacen del acto del consumo de drogas en sí mismo como inmoral. Para quienes integran este grupo de personas, todo ordenamiento jurídico debería promover entre los ciudadanos y ciudadanas planes de vida moralmente buenos, y la virtud cívica, la areté, que decían los presocráticos y el propio Aristóteles.

Sin embargo, en un Estado liberal, no es un objetivo legítimo de leyes y reglamentos el promover planes de vida buenos y caracteres virtuosos. Esto es así, porque tales leyes y reglamentos entrarían frontalmente en conflicto con la capacidad de los sujetos para elegir libremente los planes de vida y los ideales de virtud que mejor le convengan de acuerdo con sus convicciones. Lo ilegítimo de promover la virtud cívica y humana a través del sistema jurídico viene dada por la distinción de dos dimensiones de cualquier sistema moral moderno: la moral privada y la moral pública. Sólo esta segunda se refiere a nuestro comportamiento frente a los demás proscribiendo las acciones que perjudican el bienestar de los otros y ordenando realizar otras acciones que promuevan los intereses ajenos, o de una colectividad. De esta manera, en un Estado liberal la vinculación entre derecho y moral sólo debe limitarse a aquellas reglas morales que se refieren al bienestar de terceros. El proyecto de vida personal, los modelos de virtud, pertenecen a la autonomía de los individuos, y en todo caso deben discutirse abiertamente en la sociedad, pero nunca deben ser objeto de sanción estatal.

El tercer tipo de personas se fija más en la defensa de la sociedad y en su protección. En la base de sus argumentos está el que la acción de quien consume drogas trasciende los límites de la moral personal y pasa a afectar los intereses legítimos de terceros. Carlos S. Nino sostiene, frente a este tipo de personas, que en los intereses de terceros no se incluyen las meras preferencias de los demás acerca del modo de vida que el agente debería adoptar. Es decir, que frustrar las preferencias de terceros no constituye un daño. Por ejemplo los hijos que no llenan las expectativas de los padres no les causan daño.

Consumir drogas causa un perjuicio a terceros cuando se dan dos situaciones: cuando los consumidores habituales introducen a otros en el consumo, o bien cuando el consumo de drogas se vincula con acciones delictivas. En cualquiera de estas situaciones, lo que se sanciona no es el consumo o la posesión, sino acciones adicionales. Cuando la víctima es inducida por el drogadicto a que pruebe la droga, o simplemente se la suministra, se trata de una acción distinta a la del mero hecho de poseer la droga para consumo personal. Claro que hay que castigar el abuso contra una persona inocente. Sin embargo es muy distinto poseer la droga para consumirla personalmente y que inducir a alguien más a su consumo.

Por lo que se refiere a la vinculación entre consumir drogas y realizar una acción delictiva conviene también hacer la distinción entre dos situaciones. Una es cuando el sujeto actúa en sobriedad, con pleno control de sus actos, y otra es cuando el individuo está drogado. En el primer caso, por ejemplo, alguien libre de los efectos de las drogas asalta a un transeúnte para obtener el dinero y comprar drogas. Esta acción debe reputarse a la acción voluntaria, es decir, al robo y no a la condición del consumidor de drogas del sujeto. La segunda situación, la acción delictiva se puede atribuir al consumo de drogas, siempre que se pruebe que ese consumo fue la condición suficiente del resultado transgresor y que el sujeto pueda ser responsabilizado plenamente, probándose que uso las drogas para obtener tal resultado, consciente de saber que lo provocaría. Estas situaciones, por cierto son las que ocurren en casos de ebriedad. Y el alcohol no está prohibido.

Está sobradamente probado que no todo consumo conduce a la acción delictiva. Hay numerosos ejemplos contrafactuales de personas que consumen drogas recreativas que nunca han delinquido y nunca lo harán. La vinculación entre consumo de drogas y delito es sólo un vínculo contingente, no necesario.

Concretamente en contra de la mariguana, se suele argumentar que esta droga es la puerta de entrada al uso de las drogas duras. No hay evidencia empírica para sancionar de manera concluyente este nexo. Es verdad que quien consume drogas duras, frecuentemente se inició a través de la mariguana. Pero existen numerosísimos casos de quienes han consumido mariguana, y nunca ha pasado a ser consumidores de drogas duras. Bill Clinton, o el propio Obama están ahí para atestiguarlo.

"Es verdad que quien consume drogas duras, frecuentemente se inició a través de la mariguana. Pero existen numerosísimos casos de quienes han consumido mariguana, y nunca ha pasado a ser consumidores de drogas duras. Bill Clinton, o el propio Obama están ahí para atestiguarlo"

Por último, el grupo de personas democráticas se preocupan más de acciones por omisión, que de acciones por comisión. Me explico…

Las personas de este cuarto grupo ven detrás de cada consumidor de drogas a un individuo que no contribuye al bienestar de los demás, por lo que existe una menor calidad de vida democrática en la sociedad. Sin embargo, si este es el factor decisivo para penalizar el consumo de drogas, habría que penalizar también, entonces, toda actividad que no sea productiva. Por ejemplo, a los juniors, hijos improductivos de la clase política y empresarial, o a los desempleados. Lo cierto es que estamos rodeados de desempleados, y de juniors, y también podrían caber los adictos y aquellos que se arriesgan buscando su propio placer. Por supuesto, si a alguien no contribuye a la subsistencia de sus dependientes inmediatos, se le puede responsabilizar por esa omisión. Pero esto hay que distinguirlo de la acción de poseer y consumir drogas de manera personal.

Si bien el debate en el país es sobre la despenalización de la mariguana, los argumentos aquí vertidos pueden abarcar otros tipos de drogas. Nos enfocamos en la mariguana porque como afirma el documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, se trata de la droga más consumida en todo el continente y porque "la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol y el tabaco”.  Argumentos de otra índole nos harán, con todo, proponer una estrategia diferenciada. Adelante lo explicaré un poco más.

De todo lo dicho tenemos, pues, que no es éticamente justificable la penalización, prohibición o criminalización de la posesión de drogas para consumo personal y, por coherencia elemental, es al Estado al que corresponde regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas. Pasemos a este tema.

En el México de hoy la violencia está desangrando a la juventud mexicana como resultado del combate al narcotráfico. Esta guerra ha fracasado y ha producido la desestabilización social en numerosas regiones del país. El actual prohibicionismo nos ha sido impuesto por los Estados Unidos, en donde, además, la mariguana está legalizada, en diferentes niveles, en unos veinte estados.

Esta política prohibicionista vulnera, como ha quedado dicho, la libertad de los individuos para autodeterminarse. Esta libertad la hemos llevado a límites reprobables, por cierto, pero no por ello podemos abrogarla. Como pregunta Eduardo R. Huchim: ¿en nombre de qué el Estado prohíbe a hombres y mujeres consumir productos dañinos en las cantidades y formas que ellos quieran, si no dañan a terceros? Este prohibicionismo es, además, selectivo, porque se evita el consumo de la mariguana, pero no el del alcohol, generador de daños sociales peores que los de la cannabis. ¿Cuántas muertes al año produce el consumo excesivo de mariguana? Parece que ninguna, porque el riesgo de muerte por sobredosis es nulo o casi nulo. En cambio, son millones las muertes relacionadas con el consumo de alcohol. Pero, claro, a nadie se le ocurriría, después de la experiencia de la ley seca estadounidense, prohibir su consumo, producción y comercio.

"...¿Cuántas muertes al año produce el consumo excesivo de mariguana? Parece que ninguna, porque el riesgo de muerte por sobredosis es nulo o casi nulo. En cambio, son millones las muertes relacionadas con el consumo de alcohol. Pero, claro, a nadie se le ocurriría, después de la experiencia de la ley seca estadounidense, prohibir su consumo, producción y comercio"

Son decenas de miles de jóvenes sacrificados anualmente en México frente al altar del prohibicionismo. Se trata de una guerra demencial que llena de luto a decenas de miles de hogares al año, sólo en México.  En ella mueren, como dijo recientemente el Papa, tanto las víctimas como los sicarios. Todos hombres y mujeres en la flor de la edad.

Hay quienes de buena fe piensan que la guerra antinarco es justa y necesaria. Quizá piensen, como se decía de Jesús en el Evangelio, que deben morir miles de jóvenes para salvar a la juventud. Pero esa salvación de la que hablan no existe en realidad: el consumo de drogas no se ha reducido de forma sustantiva y su contrabando tampoco. Se dice que el combate es para que la droga no llegue a nuestros hijos. ¡Pero si el mercado está inundado de estupefacientes! Nunca antes había sido tan fácil y tan barato el acceso a las drogas ilícitas como lo es ahora, en la etapa más alta de su combate frontal.

He venido aquí como ciudadano, pero también como cristiano a cumplir un deber de conciencia: decir que no vale la pena sacrificar a tantos muchachos, causar dolor a tantas familias, a innumerables padres y madres, esposas, hijos, amigos de los asesinados, en aras de la hipocresía de las buenas conciencias y para satisfacción de los países consumidores.

Tenemos que cambiar de paradigma. Son tres grandes directrices las que plantea la Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia para ello: 1) Tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, y no como un tema criminal; 2) reducir el consumo mediante acciones innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud; 3) focalizar la represión sobre el crimen organizado, y  4) reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas e impulsar programas de desarrollo alternativo.

Un compañero jesuita, estudioso de estos temas, habla de tener una nueva estrategia no-violenta contra la narcodemocracia en México. Habla él de que la estrategia tiene que ser diferente para las drogas suaves y para las drogas duras. En ambos casos se trata de quitarle al narco sus ingresos astronómicos. En el caso de las drogas suaves, como la mariguana, esto se logra legalizando de manera controlada la producción y la compraventa de la droga, que estaría en manos de la iniciativa privada. En cambio, en el caso de las drogas duras, la estrategia consiste en dejar al Estado el monopolio de la provisión de la doga, así como el Estado tiene el monopolio de la provisión del circulante físico en la economía.

En el caso de la mariguana –como del hashish-, la estrategia consiste e ir despenalizando su consumo, su producción, transporte y comercialización a nivel mundial, de suerte que reciba el mismo tratamiento que las bebidas alcohólicas y el tabaco, es decir, prohibición de venta a menores, prohibición de consumo en escuelas, mensajes claros sobre los posibles riesgos en el empaque y tratamiento terapéutico privado para adictos, como son las terapias privadas o grupos análogos a Alcohólicos Anónimos, etc. No encuentro razón para que los Estados inviertan miles de millones de dólares para reprimir la producción, la posesión y el consumo de mariguana. Ése dinero podría emplearse, por el contrario, en campañas de prevención y de cura de las adicciones.

"La postura oficial del gobierno hasta el momento es que la droga no debe legalizarse porque “no queremos que aumente la adicción de nuestros jóvenes”. La afirmación implícita es que si se legaliza la droga aumenta la adicción"

La postura oficial del gobierno hasta el momento es que la droga no debe legalizarse porque “no queremos que aumente la adicción de nuestros jóvenes”. La afirmación implícita es que si se legaliza la droga aumenta la adicción. Esto es falso como lo han probado los casos de Portugal, Suiza y Holanda (el jesuita al que estoy citando es holandés, por cierto). Por esto, la propuesta concreta para el caso de la mariguana es la siguiente:

1. Se legalizan la producción, el transporte, la compraventa y la posesión de mariguana dentro del territorio nacional. Pero dado que tenemos una larga frontera con los Estados Unidos y allá sigue proscrita en buena parte de su territorio, conviene asentar el siguiente punto.
2. Se prohíbe la exportación de mariguana. Obviamente, las bandas de narcotraficantes seguirán tratando de introducir la mariguana a los Estados Unidos. Por eso es necesario el punto siguiente.
3. La producción, el transporte, la compraventa y la posesión de mariguana dentro del territorio nacional se llevarán a cabo previo registro y licencia de la autoridad competente. Al que transporte y exporte mariguana a los Estados Unidos se le confiscará su cargamento o su establecimiento comercial. Por tanto, la legalización va acompañada de una regularización y un control estrictos. La guerra violenta contra la importación de drogas se deja en manos de los norteamericanos, al otro lado de la frontera.

La exportación y venta ilegal de mariguana constituye el 60% de las ganancias de las bandas de narcotraficantes en México. Su legalización le quitaría al narco el 60% de sus ganancias, con lo que se disminuiría de manera importante su poder corruptor en la sociedad nacional.

La ley es una mera disposición positiva destinada a regular y favorecer la convivencia de todos y todas. Cuando penaliza lo hace en aras del bien común, y cuando despenaliza, no bendice nada, sino que se limita a no intervenir dejando que cada cual actúe según su conciencia.

Termino entonces como persona creyente, citando a este propósito, a Tomás de Aquino. Sorprende que ya en el siglo XII y en una sociedad totalmente confesional, este teólogo católico definiera la ley civil simplemente como “cierta ordenación de razón destinada al bien común”, aclarando luego que, si hay una ley divina es precisamente porque “la ley humana no puede castigar o prohibir todas las cosas malas que se hacen, porque si quisiera eliminar todos los males eliminaría también muchos bienes e impediría el provecho del bien común que es necesario para conservar lo humano” Esta separación tan nítida la tienen olvidada hoy no pocos cristianos.

Muchas gracias.