Al Hussein. Foto vía: Noticieros Televisa

Zeid Ra’ad Al Hussein, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió el 30 de mayo un comunicado urgente donde insta a las autoridades mexicanas a tomar medidas reales para poner fin a la ola de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Nuevo Laredo Tamaulipas.

La oficina en México del Alto Comisionado ha documentado 21 hombres y 2 mujeres desaparecidos. Lo preocupante es que, de acuerdo a testimonios recibidos por la ONU-DDHH, algunas de estas desapariciones fueron perpetradas por miembros de una fuerza de seguridad judicial. Entre las víctimas se encuentran cinco menores de edad.

Al Hussein señaló que a pesar de las evidencias existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de los desaparecidos. De igual manera subrayó que es extremadamente preocupante que aún después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones, estos sucesos sigan ocurriendo.

"Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas".

Zeid Ra’ad Al Hussein

Según Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos —profesor de la Universidad Iberoamericana—, a partir de los casos de Nuevo Laredo, El Alto Comisionado eleva el tono de la relación entre México y la ONU-DDHH. El comunicado deja entrever dos situaciones. En la primera, Al Hussein reitera a México que:

“Es obligación de los Estados garantizar la seguridad de la población”.

Esto sugiere que las simulaciones que México ha orquestado para eludir responsabilidades (por ejemplo, la Aprobación de la Ley General de Desapariciones), ya no serán tomadas en cuenta. Asimismo, pone al Estado en una posición donde se le obliga a tomar acción, de lo contrario, esto podría reflejar falta de voluntad política.

La segunda cuestión que podemos deducir de este comunicado está relacionada con la Responsabilidad de Proteger (R2P) que ésta inscrita en los códigos del Derecho Internacional que muchos países han adoptado constitucionalmente, entre ellos México.

Según el Derecho Internacional, si el Estado incumple con la labor de proteger a sus habitantes, la obligación recae en la comunidad internacional. Esto faculta a las Naciones Unidas a implementar sanciones en caso de que el gobierno mexicano no haga nada al respecto.

Foto vía: Amnistía Internacional — Foto vía: Amnistía Internacional

Para poner esta advertencia en contexto, vale la pena recordar la visita a México del Alto Comisionado en Octubre del 2015, donde Zeid Ra’ad Al Hussein declaró que:

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151'233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26'000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.

Para muchos sectores de la sociedad mexicana, esta declaración es un punto a favor de la justicia. Después de tres años, la comunidad internacional ha puesto la mirada en México y pone en evidencia sus simulaciones. Esta declaración se traduce en una ventana de esperanza no sólo para las víctimas y sus familias sino para todo nuestro país.