Venezuela: Lesa humanidad y represión política empañan el llamado a las urnas
La legitimidad de las elecciones anunciadas por el gobierno de Venezuela para renovar la Asamblea Nacional cada vez están más cuestionadas por la falta de estado de Derecho, democracia, acceso a la justicia e incluso por señalamientos de violaciones a la propia ley electoral.
Al reclamo de fraude que acusan sectores de la oposición, que actualmente controla al ente parlamentario, se suma el llamado de la Unión Europea (UE) a posponer los comicios para dar el tiempo y condiciones para conformar una misión de observación electoral, de la ONU que denuncia un Estado criminal de “lesa humanidad” y de la OEA, sobre un gobierno represor que acumula cientos de presos políticos.
La misión diplomática desplegada en Caracas informó el pasado 30 de septiembre al régimen venezolano, que preside Nicolás Maduro, que el proceso electoral parlamentario del próximo 6 de diciembre carece de condiciones democráticas mínimas. Y solicitaron se prorrogue por seis meses.
A ello se sumó la decisión del opositor Henrique Capriles, la semana pasada, de no participar en la contienda electoral si no se atiende el llamado internacional solicitado por la UE. “Si hay observación, va a haber participación. Eso es lo que hemos peleado esta semana. Si no posponen, no hay manera”, señaló.
“Esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada. Queremos darle opción a nuestra gente, pero no hay condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea. Hay una posibilidad: mover la elección, ¿por qué no hacerlo?”, dijo en una conferencia de prensa ofrecida por redes sociales la semana pasada.
A diferencia de otros líderes contrarios al presidente, que tachan de farsa y fraude, Capriles había aceptado contender, lo que le valió críticas dentro y fuera de Venezuela. El propio Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino alterno del país, reconocido por algunos gobiernos como Estados Unidos, rechazó desde el principio la convocatoria, alegando que no hay condiciones para que sea una contienda transparente.
La respuesta del Estado venezolano fue una negativa total a la prórroga, al considerada incluso “inadmisible”. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores acusó al Servicio Europeo de Acción Exterior, que preside el Alto Representante Josep Borrell, de tener una “posición sesgada” en este tema al “desconocer los esfuerzos” realizados por las autoridades venezolanas.
“La negativa es de la UE para enviar algún tipo de misión electoral a Venezuela. Y no nos preocupa en absoluto, de hecho nosotros seguimos hablando con Josep Borell de otros temas” señaló el canciller Jorge Arreaza en entrevista al diario español El País. Y añadió: “no hay ninguna posibilidad de que nosotros violemos la Constitución”.
Aunque esta afirmación también ha quedado en entredicho. Una investigación periodística publicada esta semana por el medio Efecto Cocuyo reveló que el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha violado la ley y vulnerado las garantías al haber realizado al menos tres cambios en el cronograma electoral, previsto para las parlamentarias de diciembre, contrario a lo que mandata el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
Al contrastar la primera versión del calendario propuesto por los rectores y la última que aparece en el sitio web del ente electoral se ubicó que ha habido cambio de fecha en nueve auditorías, se pospusieron cinco auditorías clave y se cambió en tres ocasiones la fecha del simulacro de votación.
Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Pero que la Unión Europea ponga en duda la capacidad democrática de Venezuela no son palabras huecas o al aire. El reporte de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos tales que consisten en “crímenes de lesa humanidad”. Y que tanto el presidente Maduro como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de ello.
“Existen motivos razonables para creer que el Presidente (Maduro) tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual, documentada en este informe y realizados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde 2014” refiere el estudio de la Misión Independiente de la ONU presentado el pasado 15 de septiembre.
El documento de 443 páginas y que investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas desde 2014, identificó “patrones de violencia y crímenes altamente coordinados”, conforme a las políticas de Estado y que parten de conductas generalizadas y sistemáticas.
Estos señalamientos por ningún motivo pueden tomarse a la ligera. Refiere a uno de los tres crímenes atroces que establecen la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), los Convenios de Ginebra (1949) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).
A ellos se suma la etiqueta de que Venezuela tiene un gobierno represor, falta de condiciones para la democracia y acceso a la justicia. De acuerdo a la organización de la sociedad civil Foro Penal existen al menos 359 presos políticos, hasta el 5 de octubre. Un dato que la Organización de Estados Americanos (OEA), que comanda Luis Almagro, reconoce como válido.
Y la propia Misión Permanente de Venezuela ante la OEA, que respalda a la oposición que comanda Guaidó, ha tomado nota de la efervescencia que se vive por las elecciones y del reporte de las ONU sobre crímenes que incluso ya presentó un informe sobre “Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela” ante el propio Consejo Permanente, en busca de cabildear por la causa opositora, que busca aumentar sus acciones internacionales para derrocar por fin al que tachan de “gobierno usurpador”.
La semana pasada la propia Asamblea Nacional anunció que convocará en breve a una Consulta Popular para que sea el propio pueblo venezolano quien "autorice y respalde” todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para “poner fin a la usurpación” y tener elecciones libres.
Así como, lograr la salvaguarda de la sociedad, tener acceso a la justicia, erradicar los crímenes "de “lesa humanidad” y que se rechace “el fraude” de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre próximo.
Con información de Marco Solís Tourné.
