Foto:AFP
Por Fernanda Barrera
Cifras oficiales advierten que actualmente en México se desconoce el paradero de más de 27,000 personas. Sin embargo, las autoridades no saben si su desaparición fue a causa de agentes estatales, lo que se conoce como desaparición forzada, si fue producto de una desaparición por actores no estatales o si se ausentaron voluntariamente.
El 14 de enero en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Un trato de indolencia” donde alerta sobre la situación de desapariciones en México tomando dos casos como ejemplo del problema: el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua que suma desde 2007 a unas mil 700 víctimas, según el reporte.
En la presentación del informe participaron Leticia Sánchez (madre de Luis Carlos desaparecido en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua), Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido en Iguala, Guerrero), Margarita Zacarías (madre de Miguel Ángel Mendoza, desaparecido en Iguala, Guerrero), Estela Barnés de Carlotto (Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura militar en ese país 1976-1983), así como Perseo Quiroz, Director Ejecutivo en México de AI y Erika Guevara-Rosas, directora de la oficina regional para las Américas de AI.
La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, un tratado al que México se sumó en 2008 la describe como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación sustrayéndola a la protección de la ley”.
Foto: F. Olvera / La Jornada
Las violaciones de derechos humanos que sufre la víctima desaparecida son: Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Vida, y Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.
De manera lamentable cuando una persona desaparece sus familiares se encuentran en riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos humanos tales como: Derecho a la Integridad Personal ya que llegan a recibir amenazas, Derecho a la Verdad se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos y Derecho de Acceso a la Justicia.
Amnistía Internacional reporta que en México la mayoría de los delitos permanecen sin ser denunciados (en 2014 fue de 92% según cifras de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública) por lo que se desconoce la gravedad del problema de las desapariciones.
En muchos casos de desapariciones denunciadas, detalló la organización, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad ante la comisión de desapariciones forzadas.
El reporte advierte que el país se encuentra en una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas debido a la falta de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición de miles de personas.
El documento señala que los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal. “La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, aseveró Erika Guevara-Rosas.
Estela Barnes de Carlotto, declaró su apoyo y solidaridad a las personas y organizaciones mexicanas que están en búsqueda de sus familiares y advirtió “El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación a derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en este país, y es el Estado el que debe responder por su tolerancia a estos delitos que afectan, la mayoría de las veces, a los sectores más vulnerables”
Las principales recomendaciones de Amnistía Internacional sobre la problemática son: tipificar la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con los más altos estándares internacionales; reconocer el derecho de participación plena de familiares de personas desaparecidas en las investigaciones; e investigar exhaustiva, imparcial y prontamente los casos actuales de personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia.
Por su parte las autoridades mexicanas han anunciado reformas para hacer frente a la problemática, el 10 de diciembre de 2015 el presidente Peña Nieto envió la iniciativa de la Ley General Para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Desaparición de Personas, esta ley busca determinar las obligaciones de la federación, los estados y los municipios, en la atención del problema y establece mecanismos para actuar de manera coordinada.
El informe sostiene que es fundamental que ésta nueva legislación tome en cuenta la experiencia y las exigencias de miles de víctimas que buscan a sus seres queridos.
Aquí puedes consultar el informe completo.