El Aeropuerto de Santa Lucía fue una promesa de campaña clave para López Obrador, pero se ha encontrado con una sociedad civil que cuestiona el proyecto y su legitimidad.

Noticias del controversial NAIM

Hoy en día tiene aproximadamente 147 juicios de amparo en su contra. Estos incluyen aquellos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, que busca parar las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y conservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). Estos juicios dieron como resultado ocho suspensiones definitivas y dos temporales de las obras en Santa Lucía.

Una de las suspensiones más notables provenía de la comunidad indígena residente de Tecamac, Estado de México, que cuestionaba la planeación en cuanto a disponibilidad y distribución de agua en la zona. Las afectaciones al ecosistema fueron, incluso, admitidas por la propia la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Como resultado, la obra fue suspendida hasta que un juez dé una resolución al amparo. La construcción permanecerá detenida hasta que el gobierno cumpla con los requerimientos ambientales, de seguridad y viabilidad aeronáutica, de prospección arqueológica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional.

Medidas estratégicas

Debido a las medidas tomadas por el colectivo, el pasado 29 de agosto, el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional incluyó todas las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) al Inventario de la Infraestructura Estratégica del País. Acto seguido, la SEDENA solicitó al juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, revocar la suspensión definitiva concedida a los pueblos indígenas de Tecámac bajo el argumento de que éste representaba un riesgo para la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas militares para atender la seguridad nacional.

López Obrador ya había anunciado esta medida en su conferencia matutina del 23 de agosto desde Tabasco.

“estamos viendo legalmente eso y tenemos otro recurso, que es poner por delante el interés de la nación. En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional; es lo único que puedo decir. Pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país"

- López Obrador

Esta postura la reafirmó cuando calificó de sabotaje legal los actos de las organizaciones que presentaron los amparos, en su rueda de prensa habitual desde Palacio Nacional. También agregó “se puso de moda, ya es como deporte nacional, el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos proponiendo”.

Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex y miembro del colectivo #NoMásDerroches ha respondido que las acciones legales que han tomado en contra de la construcción de un aeropuerto civil en esa zona del Estado de México “no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica”.

Opiniones contrarias

Los ciudadanos en general se encuentran en un estado de confusión o frustración frente a los hechos. “Solamente hablan y hablan pero al final de todos modos nos van a robar dinero” dice Elvira Rosas, una empleada doméstica. “Este es un capricho de López Obrador; está rompiendo todas las convenciones en cuanto a legalidad y Estado de Derecho por imponer su voluntad. Esto cada vez se acerca más a un autoritarismo.” opina Roberto Vargas, un abogado laboral de la Ciudad de México.

Sin embargo, también hay algunos que lo toman como una venganza o un triunfo frente a la clase empresarial que apoyó al proyecto del NAIM. “Era claro que estos amparos tenían la intención de sabotear el proyecto estratégico del gobierno de AMLO y era malo para el país. La verdad y la justicia se imponen tarde o temprano”. dice Pablo Buendía, un estudiante de Economía que apoya fervientemente a la actual administración.

¿Veredicto Final?

Por el momento, la audiencia para definir la situación se ha aplazado por segunda vez y hasta un tiempo indefinido. El Juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, consideró que era necesaria una inspección ocular a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, y esta aún no había sido realizada.

En caso de que el juez llegara a fallar a favor de la SEDENA, quedarían invalidados todos los amparos, y esto sentaría un precedente de jurisprudencia para que esta medida sea replicada en los estados y en otros casos.