Ordena poder judicial reabrir investigación del caso Tlatlaya

A cuatro años de la masacre ocurrida a manos del ejército en Tlatlaya, Estado de México, el Juez Décimocuarto del Distrito de Amparo en Materia Penal señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación apropiada que involucre toda la evidencia  del caso.

También señala que es importante reabrir el caso, incluyendo esta vez la responsabilidad de mando superior como elemento crucial en la indagación.

Cabe mencionar que la reapertura del caso se presenta después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas de México sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, entre diciembre 2006 y abril del 2017.

Una de las propuestas es que por primera vez se investigue a los responsables de la supuesta orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Lo anterior, sustentado en el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH, donde hasta ahora se reveló que hubieron un número indeterminado de ejecuciones arbitrarias.

En esta nueva investigación se busca cambiar el enfoque para dar explicación a la muerte de cerca de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, a manos del Batallón 102 de Infantería. La reapertura del caso demuestra, no sólo la voluntad de algunos jueces de traer a discusión nuevamente algunos fallos anteriores, sino también, nos permite leerlo como una consecuencia de los cambios recientes en la política de nuestro país.

Foto Vía: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz.

¿Por qué hasta ahora se toma la decisión de reabrir la investigación? ¿Será suficiente una reapertura de este tipo de investigaciones, como lo son el caso de Tlatlaya y Ayotzinapa? Preguntas válidas cuando se toma en cuenta que dicha investigación seguirá a cargo de la PGR o, en su defecto, de  la Fiscalía, que hasta las últimas declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, seguirá dependiendo del Ejecutivo?

Jacobo Dayán, experto en derechos humanos y académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), señala: “Las procuradurías no van a poder solucionarlo, por lo que es indispensable que este nuevo gobierno permita que la nueva fiscalía cuente con autonomía e independencia”.

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