La noche del 8 de septiembre, un incendio en el campamento de refugiados de Moria al interior de la isla griega de Lesbos provocó el desplazamiento de al menos 12 mil 700 personas. Conforme a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, las personas refugiadas huyen de su país a partir de un temor fundado de ser perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no pueden acogerse a la protección que ofrece su país de origen. Parte de la población refugiada que llega a Moria viene huyendo de la Guerra Civil en Siria, así como otros conflictos en la región.

El 15 de septiembre las autoridades griegas detuvieron a cinco inmigrantes sospechosos de provocar dicho incendio, después de que el gobierno griego responsabilizó inicialmente a la población migrante de ocasionarlo. Como respuesta, la Unión Europea y el gobierno de Atenas coincidieron en la necesidad de construir un nuevo campamento en la isla; pero de momento, cientos de desplazados se encuentran dentro un centro de recepción temporal, en una alta situación de precariedad al no contar con colchones o duchas.

Como medida adicional, 10 países, entre ellos Francia, se comprometieron a acoger a 400 menores no acompañados, mientras que la canciller Ángela Merkel anunció que su país acogería a mil 500 refugiados a raíz del acontecimiento. Una porción importante de los 20 mil solicitantes de asilo que se encuentran en dicho campamento son menores de edad no acompañados.

Usrula Von der Leyen, Charles Michel y Tayyip Erdogán

Sin embargo, esta ha sido la respuesta inicial. Como iniciativa a mediano plazo, se espera que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen y de acuerdo a su primer discurso de Estado de la Unión Europea en año de la pandemia, se presentará el 23 de septiembre un proyecto para reformar la política migratoria de la Unión Europea. La reforma prevé buscar una solución para el problema del reparto actual de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, así como determinar a los países responsables para la gestión de las solicitudes de asilo de los inmigrantes que buscan encontrar asilo en el continente europeo.

El desastre ocurrido en Lesbos no es sintomático de un evento aislado, sino de una política de gestión migratoria que apuntó a la externalización, que como resultado ha presentado una sobrecarga en los países receptores de dicha migración y una violación a los derechos humanos de los refugiados. En el 2016, la Unión Europea y Turquía pactaron un acuerdo por el cual se pretendía hacer frente a la crisis migratoria en la región, auspiciada en parte por la Guerra Civil en Siria. Como parte de dicho acuerdo, la Unión Europea se comprometió a destinar fondos económicos a Turquía para que pudiera acoger la llegada de refugiados, así como fungir como país de recepción en lo que la Unión Europea, en menor medida, distribuía algunos de estos casos a otros países miembros. Otra parte del pacto comprendía el retorno de la totalidad de inmigrantes que habían llegado, de manera indocumentada, hasta Grecia desde Turquía.

Foto rescatada de Euronews. Toma del Campo de refugiados de Moria

Este conglomerado de acuerdos se entienden a partir de un concepto: la externalización, que se refiere a la política de prevención del ingreso migratorio a partir de países terceros como mecanismo de abordaje de la migración. Un ejemplo muy claro de la externalización es la denominación “tercer país seguro”, en el cual un país de tránsito se destina como receptor de la migración de los países destino. Donde hay mayor variación es en la manera en la que se efectúa dicha política, que puede ir desde el cierre de fronteras hasta la cooperación económica para cumplir dicho acuerdo.

El 2020 se ha posicionado como el año más evidente del deterioro de este pacto. Por un lado, en marzo de este año, aproximadamente 136 mil personas cruzaron la frontera desde Turquía a Grecia, a la vez que Turquía rechazaba el cumplimiento de dicho acuerdo pactado con la Unión Europea en el 2016. De igual manera, según los datos de la Organización Internacional de Migración, más de 20 mil migrantes han muerto en el Mar Mediterráneo desde el 2014 intentando llegar a las costas griegas. Esto significa que las rutas de llegada a Europa se han precarizado, lo cual deviene en un mayor peligro para las personas solicitando asilo en el viejo continente. Por otro lado, según datos presentados por el periódico La Vanguardia, la sobrepoblación en las islas griegas es clara, en el cual coexisten aproximadamente 20 mil solicitantes de asilo en un espacio pensado para 3 mil inicialmente.

Una distribución desigual en el número de solicitantes de asilo que reciben los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Asociados del corredor Schengen ha sido uno de los factores que ha influido en la ineficacia de la política migratoria establecida. Según informa la base de datos de Asylum Information, de los 444 mil 445 solicitantes de asilo en el 2018, el 75% se concentraba en 5 de los 32 países: Alemania, Francia, Grecia, Italia y España. Asimismo, a nivel continental se presenció un rezago en la atención de casos de solicitantes de asilo frente a las autoridades competentes en dicha materia. Para Grecia, el rezago para 2018 se encontraba en 60% según los datos de la misma agencia. Esto significa que, en proporción, el número de solicitantes que desembarcan en las islas griegas superan el número de casos que resuelven en el continente europeo.

En el caso del campo de refugiados de Moria, lo que los datos reflejan es que los mismos países que suelen recibir un mayor número de refugiados en el continente (Francia y Alemania) son los mismos que de momento están respondiendo frente a la crisis de refugiados en Lesbos. Habrá que ver si la nueva política migratoria europea atiende estos problemas de fondo.