Encontrar la libertad en prisión
Por Alma Paola Wong
Hasta hace unos años cuando las mujeres trans ingresaban en prisión se les cortaba el cabello. Enfrentaban castigos por usar labial o sostén, eran obligadas por otras reclusas a realizar trabajos forzados. Lo peor, eran víctimas de violencia sexual.
Ari Vera Morales, mujer transexual, recuerda estas escenas de los cuatro meses que pasó en prisión, hace casi una década, por supuestas irregularidades en la elaboración de contratos comerciales.
Tras conocer en primera persona el entramado judicial contra la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), Ari decidió fundar en 2013 la organización civil “Almas Cautivas” para apoyar a esta comunidad en situación vulnerable en las prisiones de Ciudad de México y sensibilizar al personal del sistema penitenciario.
“Eran dos grandes esferas de ignorancia: la primera en la que las personas trans, que en la mayoría de los casos tienen poca escolaridad, desconocen profundamente sus derechos y entonces creen que debían soportar todo. Y dos, la ignorancia de los jueces, policías y ministerios públicos en materia penal sobre los convenios y leyes de las que México es parte sobre los derechos de la población LGBTI”, explica.
La organización lleva seis años en los centros penitenciarios de la CDMX, y en perspectiva, Ari considera que han contribuido en relación con el respeto a la identidad sexual y los derechos humanos. En parte, por la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio. No obstante, los actos discriminatorios persisten en algunos casos.
“Violencia por prejuicio”
Los actos homofóbicos o transfóbicos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se entienden como un fenómeno social bajo el concepto de “violencia por prejuicio” contras las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas.
Es una forma de violencia por prejuicio contra la diversidad corporal y contra las personas cuyos cuerpos y mentes no coinciden con el estándar socialmente aceptado de mujer y hombre.
Un aspecto relevante, también documentado por la CIDH, es el marcado vínculo entre pobreza, exclusión y violencia, ya que las personas LGBTI que viven en pobreza son más vulnerables al acoso policial y por tanto, se ubican en tasas más altas de criminalización y encarcelamiento.
Aunado a esto, la falta de estadísticas penales o judiciales complica aún más la visibilización de la problemática de violencia contra esta comunidad. En México no existen cifras sobre el número de personas LGBTI en reclusión.
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), en su último Informe de Homofobia de Estado 2017 documenta que en la mayoría de los casos, la autoridad judicial no recolecta evidencia de manera exhaustiva ni realiza investigaciones serias e imparciales. Por el contrario, como consecuencia de presunciones basadas en prejuicios, solo proceden hacia una evidencia que confirme sus hipótesis con prejuicios y estereotipos sobre los hechos.
Esto lo conoció Jolette Villareal, de 41 años de edad, mujer transexual que estuvo presa en 2003, durante dos años, 8 meses y 1 día. Su delito fue robo simple a transeúnte e ingresó al Reclusorio Norte bajo el nombre legal de Julio Galindo, aunque su apariencia ya comenzaba a ser otra:
“Yo entré como una vestida porque aún no empezaba con las hormonas, ya me estaba decidiendo, pero en ese momento sólo me vestía como niña. Estando allá adentro ya no lo pude hacer”.
Jolette asegura que conoció el infierno en reclusión, en el que incluso debió prostituirse para llevar una vida con “más comodidades y cierta protección”.
“Es lo que buscabas, ¿no?, si es tu mero mole. Si de eso estás pidiendo tu limosna, va a ser buffet para tI…”. Estas palabras aún resuenan en la cabeza de Jolette cuando recuerda el recibimiento de los custodios.
Dentro también fue víctima de una violación sexual por parte de tres presos. Al final, relata, no hubo sanciones contra quienes cometieron las vejaciones. “En el Oriente hay muchos sitios apartados, no hay suficiente vigilancia y pues en una de esas me tocó. Fueron tres reclusos que me llevaron a un cuarto como de limpieza y pues ahí me violaron. Después de eso me sentí mal, sucia, no sabía qué hacer, fui con los custodios y se volvieron a burlar de mí. ‘Bien que te gustó, no te hagas, ¿o quieres más? —me respondieron—, yo no sabía qué más hacer”, recuerda con pena el episodio.
Marieta N., mujer transexual de 48 años de edad, también enfrentó discriminación en el Reclusorio Norte. Con un historial de cuatro ingresos a reclusión, la última en 2008, la trabajadora sexual asegura que en aquel momento la única ley al interior de los reclusorios era “el dinero y los conectes”.
“Cuando entré la situación era muy difícil, no te dejaban el cabello largo a menos de que tuvieras protección, y pues yo siempre la he tenido porque conozco a mucha gente ahí adentro. Ahora sé que ya es un poco diferente, pero pues las mafias y el dinero siempre van a mover el lugar”, afirma tajante.
Ambas mujeres han colaborado con la organización Almas Cautivas, para demostrar a las mujeres transexuales en reclusión que poco a poco se pueden lograr mejoras en las condiciones de reclusión de esta población. Pero el camino aún es largo…
Los derechos de la diversidad también tocaron las prisiones
Antes de la entrada en vigor, en 2016, del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, al interior de los penales de la CDMX comenzaron a modificarse los programas de atención a la población LGBTI, asegura Teresa Molina, jefa de unidad del Departamento de Apoyo Interdisciplinario del Sistema Penitenciario de la CDMX.
Explica que ha sido un cambio paulatino acorde con las políticas de inclusión y respeto a los derechos humanos de la población LGBTI que el gobierno ha aplicado en toda la capital del país.
“Los servidores públicos estamos obligados a atender a esta población desde el momento que ingresan al sistema hasta su hora de salida. Contamos con personal especializado desde que ingresan al centro de reclusión.
“A las personas se les detecta mediante un cuestionario de atención a grupos prioritarios. Si esta persona se identifica como perteneciente a la población LGBTI, se le hace el llenado de un formato y se le canaliza a las actividades que desarrolla el centro, principalmente en educación, cultura, deporte, trabajo y salud”, explica.
De acuerdo con la Subdirección del Sistema Penitenciario de la CDMX, en los 12 reclusorios capitalinos existen 409 personas de la comunidad LGBTI privadas de la libertad.
Las autoridades no permiten el ingreso de medios de comunicación al área de dormitorios. Sólo sostienen que para favorecer la calidad de vida de las personas LGBTI privadas de la libertad, se les acomoda en dormitorios específicos.
En cuanto al uso de ropa acorde con su identidad de género, pese a ser un tema sumamente sensible relacionado a la seguridad institucional, se permite el uso de maquillaje, accesorios y prendas según su identidad.
Cuestionada sobre las diferencias en el trato a la población antes y después de la entrada en vigor del nuevo de sistema de justicia penal, la funcionaria concluye:
“Yo creo que podrá seguir existiendo (la discriminación), pero definitivamente se ha transformado de manera radical, este tema de una ciudad incluyente también ha beneficiado al sistema penitenciario. Incluso la nobleza en el tema de presunción de inocencia del nuevo sistema de justicia penal, y que deja bien establecido que está prohibido todo tipo de discriminación por preferencia sexual u opiniones, y lo que se busca es establecer una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario”, concluye.
La libertad de la diversidad en prisión
“¡Yo encontré la libertad estando en la cárcel!”, lanza Silvia Romero, recluida en el centro penitenciario femenil de Santa Martha Acatitla desde el 22 de febrero de 2010.
“Aquí nadie me enjuicia, aquí nadie me mal mira, porque sí hay discriminación por parte de autoridades, la viví, y de tus compañeras, pero no se compara con lo que ocurre allá afuera”.
Silvia Romero.
La mujer de 40 años de edad, morena, cabello corto, crespo y negro, asumida como trans, ingresó a la cárcel por el delito de secuestro exprés.
El 20 de febrero de 2010, la comerciante de tianguis de la Ciudad de México, abordó un taxi junto con un amigo. Ambos se encontraban en estado etílico y tras finalizar el servicio se rehusaron a pagar, por lo que el taxista pidió el apoyo de policías, quienes, asegura Silvia, propiciaron la mala configuración del delito pues los acusaron de retener al taxista, cuando en realidad solo rechazaron pagar.
“¿Te crees muy machito, no?”, le dijeron tras golpearla en el abdomen y subirla a la patrulla.
En Santa Martha le impusieron una pena de 33 años 4 meses, posteriormente le modificaron la sentencia a 30 años. Recientemente interpuso un incidente con el que podría alegar el delito de robo por el hecho de no haber pagado, con el cual espera obtener la libertad. Fue en los juzgados de este penal, donde Silvia se enfrentó a la discriminación por parte de un juez, quien en reiteradas ocasiones le cuestionó sobre su aspecto.
“¿Y tú por qué te vistes como hombre? ¿Qué eres? ¿Cómo debo llamarte?”, recuerda que le cuestionaba al inicio de las audiencias. Sin embargo, ella no considera que su identidad sexual haya sido un factor para la mala aplicación de la justicia.
“Sí me discriminó, pero al final creo que la justicia es torcida para todos, no creo que mi aspecto o mi identidad hayan tenido que ver con mi sentencia, simplemente es que no aplican bien la justicia y sólo quieren detenidos por ciertos delitos”.
Después de eso, no ha vuelto a recibir discriminación más que de sus propias compañeras reclusas. En los nueve años que lleva en reclusión, ha observado una profesionalización en el trato por parte de las autoridades penitenciarias, debido, principalmente, a la organización de talleres y diplomados para que custodios y autoridades judiciales conozcan de la justicia con perspectiva de género.
Silvia aún no piensa cambiar su nombre, pero sí ha recibido ofrecimientos para iniciar la transformación completa de su cuerpo. Sin embargo, por complicaciones naturales en el funcionamiento de sus ovarios ha preferido centrarse en recuperar su salud, además considera que por su edad pudiera ser riesgoso.
Comparte que ahora vive un momento de mucha tranquilidad en su vida, debido a que en reclusión encontró a una pareja que le da estabilidad y con quien no debe fingir ser alguien más.
“Mi identidad la identifiqué desde que iba en primaria, me di cuenta que yo no tenía atracción hacia un varón, lo mismo en la secundaria, así en la prepa. Yo tuve que vivir en una cultura de debe de ser porque vengo de una familia de un fuerte valor espiritual, soy la octava de ocho hermanos, mis padres fueron muy duros por el debe de ser.
“En este lugar yo salgo del clóset. En Santa Martha empiezo a vivir mi preferencia sexual desde hace nueve años. Mi sexualidad la empiezo a vivir ya muy grande porque no podía salir, no me abría por la sociedad, por los prejuicios sociales”.
Silvia está segura que como ella, otras reclusas experimentan una especie de libertad estando en reclusión, ya que por mucho tiempo tuvieron que ocultar su sexualidad. Y una vez, agrega, que se logra obtener respeto por parte de las compañeras reclusas que discriminan, todo es aceptación y posibilidad de pensar en una nueva vida.
Su actual pareja, también en reclusión, es su más grande soporte. Aunque no comparten dormitorio y tampoco pueden tener intimidad, pues para eso deben estar casadas, les alienta encontrarse todos los días en el patio y compartir aunque sea los alimentos.
Fuera de prisión, Silvia sólo cuenta con el apoyo de su hermano, su madre murió hace dos años. Por ello, ella debe trabajar muy duro como mesera adentro del penal para sacar las propinas. Ella es la mujer que va de arriba para abajo sirviendo a la hora de las visitas, refrescos, botanas, lo que se ofrezca.
Su sueño es comenzar la vida en libertad como lo que se asume: trans, y dedicarse al negocio restaurantero con su hermano, o una actividad comercial que le permita atender a la gente.
“Sí, hay discriminación de autoridades
La historia de Ericka Jazmín Lugo, quien prefiere que se le llame Erick, no es muy distinta. Aunque considera injusta la configuración de su delito, descarta que haya sido por una cuestión de identidad sexual. No obstante, sí padeció discriminación por parte de las autoridades, pero la más recurrente ha sido de parte de las reclusas.
Se sienta cómodamente en el patio de visitas del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla y relata: “Aquí nos llaman machín frustrado o marimacha, pero yo me asumo transexual, no me gusta que me digan lesbiana porque no me caen. A mí me gusta tomar más el papel de un hombre que una mujer”. Y suelta una carcajada.
El 15 de diciembre de 2015, policías y elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) realizaron un operativo en el centro nocturno que Erick administraba, ubicado en la Avenida San Lorenzo, en la alcaldía de Tláhuac. Fue detenido junto con su pareja, una mujer, a quienes les configuraron el delito de trata de personas, a pesar de que, asegura, solo quebrantó los sellos que la autoridad había colocado en el inmueble tras el aseguramiento. “Fue una cacería de brujas. Ni siquiera aparecieron las supuestas denunciantes de trata”, dice.
En la Agencia número 50 de la PGJCDMX, relata, donde fue llevado tras la detención, sufrió vejaciones por su identidad sexual. Ahí estuvo unas horas hasta el siguiente día, 16 de diciembre cuando fue trasladado a Santa Martha.
“En el búnker sí me trataron mal, me hicieron que me empinara, que me quitara la ropa, ahí sí los judiciales me dieron dos golpes, me dijeron: ¡te sientes cabroncito y pum!”, recuerda.
La vida en la prisión no es fácil, pero no muy diferente de cuando estaba fuera de ella. Desde los 14 años comenzó a fajar su torso para ocultar sus pechos, corte de cabello al ras y actitud “ruda” le ayudaron a reconocer su identidad.
Para la familia, al principio, no fue sencillo de entender, en especial para su madre, quien insistía que había tenido una niña, no un niño. Al final, asumió que el único camino era apoyarlo.
Ahora su madre y hermanos son las personas que la apoyan y le animan para seguir adelante, pero sobre todo su pareja quien le acompaña en reclusión, así como la hija de ésta, que para Erick es como propia y su más grande tesoro. En breve buscará casarse con su pareja y lograr la potestad sobre la niña de 9 años de edad, quien vive con sus abuelos, pero que considera a Erick como su padre.
Por cuestiones económicas y por concentrarse en buscar su libertad, Erick no ha buscado una resignación de sexo, sin embargo, las autoridades penitenciarias ya le están dando la asesoría jurídica para cambiar legalmente su nombre.
Por el momento, disfruta de las actividades culturales y de desarrollo que les imparten en el centro de reclusión. Erick estudió una carrera técnica de secretariado, pero en la prisión descubrió que le gustan las manualidades como la elaboración de peluches a mano. Lo que más disfruta es caracterizarse como payaso y participar en las presentaciones que se hacen en las visitas familiares en el reclusorio.
Su personaje se llama “Tosi”, a quien solo pueda dar vida con el permiso de las autoridades penitenciarias, ya que no está permitido cambiar la apariencia más que en los actos especiales, así que en una mesa solo dispone parte de su maquillaje y pelucas, para compartir lo bien que se siente al transformarse.
“En lo que yo he estado aquí, nunca me han hecho menos por ser lo que soy, las compañeras claro que sí, hay más bullying entre compañeras que entre autoridades. Yo he sido tratada como una interna más, se van dando cuenta de mi definición por mi corte, por mi forma de actuar, pero nunca me faltan al respeto, nunca me manosean”.
Al salir de prisión le gustaría dedicarse también al negocio restaurantero. Pero la meta máxima es consolidar su relación de pareja y reconocerse plenamente como Erick: un padre de familia.
* Ibero 90.9 reproduce esta historia periodística como medio aliado. Es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, auspiciado por USAID.