Por Ever Osorio Evaluar la labor de un Presidente al finalizar su mandato es una tarea obligatoria para construir una ciudadanía fuerte e informada, que reflexione sobre cuáles fueron las fallas y aciertos de la administración saliente así como para diagnosticar cuales son las debilidades y fortalezas del país. Calificar al gobierno del Presidente Felipe Calderón remite inmediatamente al lema de su gestión: la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que para muchos fue una necedad, para otros una necesidad, una guerra que bajo cualquier óptica, produjo un saldo de más de 50,000 muertos (no hay una cifra exacta pues el gobierno no la ha proporcionado, aunque hay estimaciones de grupos de sociedad civil y periodistas según los cuales son más de cien mil los decesos) y un número exorbitante de violaciones a Derechos Humanos.
Una lista detallada de estas violaciones, tanto dentro del marco de la guerra del narcotráfico como dentro de otras categorías de derechos humanos (derechos de los pueblos indígenas, migrantes, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión, sistema de justicia penal, derechos económicos y sociales, entre otros) se puede encontrar en los informes anuales de organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones nacionales. Si nos apegamos a estos informes, el saldo en materia de Derechos Humanos es absolutamente negativo. Esta información, sin ánimos de aminorarla o justificarla, presenta el lado más lamentable y oscuro de la administración de Calderón, ya que si se compara con las iniciativas de ley y reformas constitucionales realizadas durante este sexenio, el resultado toma otro matiz. El ejemplo más representativo es la reforma de junio de 2008 en la que se establecen nuevas disposiciones en materia penal relativas al sistema penal acusatorio, el cual por un lado, busca asegurar un proceso judicial que garantice el respeto a los derechos humanos y por otro introduce de la figura del “arraigo” que representa la parte amarga de la reforma.
Sin embargo, hasta este momento, los efectos de estas reformas han sido imperceptibles ¿cómo explicar la ausencia de un impacto real de las reformas constitucionales y operativas del gobierno de Felipe Calderón que supuestamente estaban encaminadas a proteger los Derechos Humanos de los mexicanos? En palabras del Dr. Mario Cruz, director de la maestría en Derechos Humanos de la UIA ciudad de México, la respuesta se remite a tres palabras: falta de planeación. Desde su perspectiva, la violación sistemática de Derechos Humanos en la guerra contra el narcotráfico responde a una falta absoluta de planeación por parte del ejecutivo federal. Un ejemplo que comenta es lo que significó sacar a los soldados a las calles atribuyéndoles nuevos roles y despojando a las fuerzas policiacas de una obligación constitucional, sin el planteamiento de protocolos, de modelos administrativos de mecanismos que guiaran el cómo actuar del ejército, cuyo resultado fue el caos en el que nos encontramos ahora. Si a esta falta de planeación, se le agrega, la falta de reconocimiento de que la guerra contra el narcotráfico no era sólo un problema jurídico sino también uno problema social, se entiende el porque la solución quedó trunca.
El Dr. Cruz considera a su vez, que a pesar del saldo negro en materia de derechos humanos, la evaluación no ha de quedarse sólo en el aspecto gubernamental y jurídico. Ante la falta de asertividad, liderazgo y planeación por parte de los actores políticos así como la gran ineficacia del modelo institucional en la aplicación de los derechos humanos en los tribunales, la falta de leyes, la corrupción policiaca y la inseguridad, entre otros factores, se generó un espacio público, un “terreno” de debate y lucha de la sociedad civil que aún no alcanzamos a mesurar: la concientización a nivel social de los derechos constitucionales. En ese sentido, la participación y activación de la sociedad civil organizada producto de la ineficacia del estado mexicano, representa un aspecto positivo en el tema de derechos humanos en México.
¿Cómo calificar entonces a la administración de Felipe Calderón en materia de Derechos humanos? En el marco gubernamental y de resultados tangibles y cuantificables, el resultado es negativo: los miles de muertos, la violencia contra periodistas, y la falta de información al respecto es un claro indicador. En materia normativa, es palpable un avance debido a resoluciones progresistas de la corte como la jurisdicción de cortes civiles en casos donde se involucran a militares que infringieron derechos de civiles, así como reformas constitucionales que presentan un avance en materia de educación de derechos humanos, implementación de juicios orales, presunción de inocencia de los acusados, o bien, un retroceso en la introducción de figuras como el arraigo que atenta contra toda noción de garantías individuales en un proceso jurídico. Finalmente, a nivel cultural, en lo que respecta a una participación ciudadana más activa, a la emergencia de una joven cultura de protesta, el Dr. Cruz considera hay un saldo positivo, pero este responde a la voluntad de la sociedad civil organizada y es donde se encuentra una gran área de oportunidad en el avance de la lucha por los derechos humanos en México.
Para un informe detallado puedes consultar los documentos presentados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como las reformas constitucionales del sexenio 2006-2012 en las siguientes páginas respectivamente:
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Mexico_2012.pdf http://www.amnesty.org/en/region/mexico http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas.php