"En la 4T nos siguen matando": Reporteras en Guardia
En el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 13 periodistas, según el registro del colectivo Reporteras en Guardia. Es una cifra alarmante comparada con los 9 homicidios ocurridos en el primer semestre de 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, que cerró con 17 crímenes contra el gremio.
Cinco de las 13 víctimas eran comunicadores indígenas, pero cuatro no han sido reconocidas como periodistas por el gobierno de la 4T, lo que representa una violación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012.
La ley define como periodista a: “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenó el homicidio del zapoteca Telésforo Santiago Enríquez, fundador y director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en San Agustín Loxicha, en Oaxaca, asesinado el 2 de mayo de 2019, pero ningún funcionario se ha manifestado en relación con los otros cuatro crímenes.
Reporteras en Guardia, a su vez, expresó su exigencia al gobierno de López Obrador de ser reconocido el carácter de periodistas, de acuerdo con la ley vigente, de los nahuas Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la radio Amiltzinko en Morelos, y José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata en Chilapa, Guerrero. Así como del chinanteco Gustavo Cruz Mendoza, quien fue integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y colaborador de la radio móvil Radio Guetza. Todos eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Esta exclusión hace más vulnerables a las y los comunicadores indígenas del país. Su labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios sojuzgados por la violencia criminal e institucional. Quienes ejercen el periodismo en sus comunidades arriesgan la vida al informar de las violaciones a los derechos humanos, territoriales y medioambientales que sufren por parte de cacicazgos locales, el aparato de Estado o las empresas privadas.
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