El 4 de mayo del 2006, en San Salvador Atenco 47 mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes del Estado mexicano. Valeria Palma es una de las 11 que presentó cargos en contra de los 29 policías implicados en el caso y, a seis años del hecho, sigue sin recibir justicia por parte de las autoridades correspondientes. Israel Arzate Meléndez, residente de Ciudades Juárez fue detenido sin causa el 3 de febrero del 2010 por agentes militares y, tras una jornada de tortura física y psicológica, fue obligado a declararse culpable por la masacre de Villas de Salvácar en donde 15 personas perdieron la vida y 10 resultaron gravemente heridas.
Ambos casos se comparan porque demuestran los constantes actos de impunidad y violación a los derechos humanos que se sufren en México. Pero entendamos primero qué son los derechos humanos. Éstos son los derechos fundamentales que poseemos por el único hecho de ser personas. Éstos son universales, inalienables e independientes y se encargan de velar por el bienestar integral de una persona. Organismos como las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, se encargan de protegerlos a nivel Internacional. En México, éstos son regulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y van de la mano del concepto de seguridad ciudadana, el cual busca resolver los problemas de criminalidad y violencia, garantizando así la democracia.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), del 2006 al 2009 las violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos militares han aumentado más de 1000%. Es por ello que cada vez más se requiere de asociaciones que no sólo vigilen su cumplimiento, sino que también inviten a la ciudadanía a tomar cartas en el asunto.
A través de actividades, como el Taller Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana que se impartirá del 23 al 25 de agosto en Ciudad Juárez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), fundado en 1988, busca difundir el tema, principalmente en los grupos vulnerables. La Asociación, que en septiembre del 2001 recibió el Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, pretende hacer que la voz de Valeria, Israel y otras víctimas adquieran resonancia a nivel nacional e internacional para así, finalmente, poner un alto a la impunidad y a los abusos que se viven, desde hace tiempo, en nuestro país.
Fotografía obtenida de la página oficial del Centro Prodh