Justicia no apta para niños

Texto y fotos por Eduardo Espinosa Bautista

Revictimización, procesos largos y la falta de un trato diferenciado, son los principales obstáculos a los que se enfrentan en muchas ocasiones, los niños y las niñas que fueron víctimas de abuso sexual, un delito del que no existen cifras en México.

Y de repente todo tuvo sentido: las pesadillas, los cambios de humor, la falta de apetito, la irritabilidad, el llanto incontenible, el miedo, señales de que un mundo infantil había colapsado.

Esto ocurrió con la hija de Marcela. También con la pequeña de Federico Acevedo. Con los niños de Verónica Riva Palacio y con la hija de Lizzette Argüello. Todos ellos víctimas de abuso sexual infantil. En México no existen cifras sobre este delito y los mecanismos de acceso a la justicia se convierten, según estas historias, en un enemigo más.

En la escuela y en la casa

A Marcela le dijeron que su hija tendría la mejor educación en el Instituto Luis Gonzaga Urbina de Río verde, San Luis Potosí. Que ahí estaría segura para cursar el preescolar pues el personal era netamente femenino. Ella confió.

La pequeña ingresó a la institución educativa en agosto de 2016 y a los pocos meses les dijo a sus padres: "me pega la maestra". Dejaron de llevarla, pero la dirección los buscó para asegurarles que todo estaría bien, que aquella profesora ya se había marchado del plantel y que su hija no tenía nada que temer. Ellos volvieron a confiar.

Pero el 8 marzo de 2017 la niña le contó a su mamá que dos maestras le habían tocado en sus partes íntimas en uno de los baños de la escuela. A los dos días los padres levantaron una denuncia por violación equiparada, aunque sólo una de las profesoras fue vinculada a proceso.

“Con el tiempo ella no mejoraba y después de cinco meses con terapias me cuenta: ‘mamá, es que no sólo fue lo del baño, ellas me sacaban en una moto, me besaban en mi boca y mi cuerpo, me sacaban videos’. Tuvo mucho temor porque le habían dicho que la iban a matar si contaba las cosas”, recuerda Marcela.

El proceso judicial duró un año y ocho meses y le arrebató para siempre la confianza en el sistema de justicia penal acusatorio.

***

“Mi hijo de cinco años se quería suicidar,  se quería arrancar el pene, decía cosas que no eran adecuadas a su edad, cosas de índole sexual, así que llevé a mi hijo y a mi hija con una psicóloga”, recuerda con pesar Verónica Riva Palacio. El diagnóstico fue que habían sufrido abusos sexuales.

Lo que más le dolió fue comprobar que el agresor había sido el padre de los niños quien, aunque ya no vivía con ellos desde 2014, recibía su visita periódicamente.

“A los niños les cuesta mucho trabajo hablar de los hechos y no distinguen si su papá les hizo bien o mal porque es su papá. Estaban muy confundidos y no querían decirme qué les hizo porque lo quieren y no desean que su papá se vaya a la cárcel. Entonces, cuesta mucho trabajo que un niño pueda verbalizar que alguien le está haciendo daño y más cuando se trata de una figura de protección como el papá”, dice. Batalló dos años para que la justicia le diera la razón.

La hija de Federico Acevedo empezó a hablar de un lobo, dejó de comer con normalidad y de la nada se soltaba a llorar descontroladamente. La primera que se percató de que la pequeña no estaba bien fue la tía abuela, cuando al quedarse a su cuidado notó que se tocaba en sus órganos sexuales sin ninguna inhibición. Al cuestionarle por qué lo hacía, le reveló que así jugaban en el salón de clases. 

Días después, en una tarde de juegos y películas, Federico confirmó los temores. La pequeña tuvo la confianza de contarle que en la escuela la profesora los obligaba a tocarse en sus partes íntimas a través de juegos y castigos. 

“El dicho de mi hija era muy coherente, incluso lo grabé y lo revisé varias veces. Para mí fue muy difícil hacerlo, porque era yo jugando con mi hija y verlo me rompía el alma”, menciona.

Federico contactó a los demás padres, pero solo uno se dispuso a demandar con él. En julio de 2017 acudieron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México para levantar una denuncia por el delito de abuso sexual en contra de una profesora del kínder Círculo Infantil, en la alcaldía de Cuajimalpa.

Mora Fernández tiene una regla básica cuando de abuso sexual infantil se trata: los niños no mienten. Desde el 2000 dirige La Casa Mandarina AC, una organización que atiende a personas víctimas de violencia sexual y doméstica, por eso no duda en advertir: “cualquiera puede ser un abusador, el 90 por ciento de los casos suceden en lugares seguros como en la casa o en la escuela y hay que tenerlo muy claro, los niños nunca mienten”.

Ella misma se considera una sobreviviente, pues en su niñez fue violentada sexualmente por uno de sus tíos. En estos momentos, su asociación asesora a varias de las familias que denunciaron penalmente al personal académico de la escuela Tlatelli (en Tepoztlán, Morelos), uno de los casos más sonados de abuso sexual infantil en una institución educativa. 

“Los papás de Tlatelli cuentan que sus pequeños no querían ir a la escuela, pero los llevaban a la fuerza porque creían que era un berrinche. La gente tiene miedo, puede notar varios síntomas en sus hijos, pero les da miedo que les digan que sufrieron un abuso, se niegan a creer que les pueda ocurrir”, relata Mora. 

El camino tortuoso

Verónica Riva Palacio aprendió todo lo que pudo aprender en derecho penal para buscarle justicia a sus hijos y descubrió las carencias de las autoridades, en este caso las de Morelos, donde se llevó el proceso penal de sus pequeños.

“Las autoridades no están sensibilizadas, tratan a los menores como si fueran adultos. Desde los ministerios públicos hasta los jueces y magistrados necesitan ser sensibilizados, porque es grave que no se aplique el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para las autoridades, los niños mienten”, enfatiza.

En todo el marco jurídico de nuestro país, empezando por la Constitución, hay un concepto que busca darle protección y seguridad a los derechos que tienen las niñas y los niños: el interés superior de la niñez. A grandes rasgos, este término enfatiza que los menores de edad deben ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten. Y el derecho al acceso a la justicia no es la excepción.

Incluso, en febrero de 2012 la SCJN publicó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. En este documento se aconseja que en todo proceso penal se considere la edad y el desarrollo cognitivo de los menores de edad, que haya personal y mecanismos especializados para su atención y, sobre todo, se evite la revictimización.

Pero estos lineamientos difícilmente se aplican. Alguien que ha vivido la falta de preparación de las autoridades es Lizzette Argüello. Ella fundó en Xalapa, Veracruz, el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil luego de denunciar penalmente a su exesposo por abusar de su hija.

“En el sistema penal no están contemplando las edades más cortas. Hay procesos de revictimización constante y por eso están los protocolos, el hecho de videograbar una entrevista es para que el niño no esté declarando lo mismo en diferentes ocasiones”.

En su caso, la fiscalía de Xalapa no videograbó el testimonio de su hija porque no contaba con las herramientas para hacerlo y por esta razón la jueza de control decidió no vincular a proceso a su ex marido. Además, desechó como datos de prueba las periciales que le hicieron a su niña los psicólogos del DIF, alegando que no era una institución judicial.

Además, el padre de su hija le interpuso una demanda civil por haber suspendido las visitas a las que tenía derecho. La falta de comunicación entre ambos tribunales (el civil y penal) provocó que Lizzette tuviera que ampararse para no ser privada de su libertad y evitar que su pequeña quedara bajo la custodia de su probable agresor.

“Imagínate un sistema de justicia en el que a mí me iban a encarcelar primero por sustracción de menores y a él lo están dejando libre pese a que la niña lo reconoce como su agresor”, lamenta.

Desde el día que presentó la denuncia por el abuso que sufrió su hija, Federico Acevedo se dio cuenta que el proceso sería muy desgastante. Tenían cita a las 11 en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, pero los atendieron hasta las cuatro de la tarde y terminó todos los trámites a las dos de la mañana. 

En estos casi dos años ha vivido en constante conflicto con la fiscalía, la cual ha cambiado en ocho ocasiones a la persona que lleva el caso su hija. “Ese camino tan tortuoso hace que el hilo de una investigación se rompa. Los jueces no son malos, muchos de ellos no pueden hacer lo que deben hacer por negligencia del ministerio público y desgraciadamente en este sistema si el ministerio público omite algo, el juez queda atado de manos”, dice.

Federico ve mucha negligencia. A la fiscalía le tomó un año armar la carpeta de investigación y fue hasta julio de 2018 que se giró una orden de aprehensión en contra de la profesora señalada, quien desde esa fecha se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, como medida cautelar en lo que concluye el proceso.

Precisamente la maestra imputada también padece la lentitud del sistema. Sin una sentencia que la exonere o la sentencie, está por cumplir un año privada de su libertad. Su defensa también quisiera un proceso más rápido, pero ellos responsabilizan de todas las pausas al señor Acevedo.

“El hecho de que se haya dilatado tanto, yo estoy seguro de que no fue por la propia autoridad. Los delitos no se crean ni se presumen, se acreditan, y para poder tratar de acreditar un delito inexistente tienes que crearlo”, afirma Irán Arteaga Gamboa, abogado de la profesora imputada.

Hace unos meses un amparo promovido por la defensa no procedió; ahora, ambas partes están a la espera de que el juez de control de la apertura al juicio oral. En julio se cumplieron dos años desde que comenzó este caso y los días y meses se siguen acumulando.

Una sentencia lo es todo

¿Cuántas niñas y niños han sufrido abuso sexual en nuestro país? No se sabe. En los últimos años, muchos medios han replicado el mismo dato: México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 4 millones y medio de casos al año de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto es inexacto.

“Tenemos algunas estadísticas sobre bienestar, pero no hay un estudio individual sobre el tema”, contesta Carolina Ziehl Beltrán, gerente de medios para América Latina de la OCDE, a una solicitud de información que se le hizo por correo electrónico.

También los datos que ofrecen las dependencias de gobierno tienen sus fallas; por ejemplo, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2018, realizado por el INEGI, informó que 88 mil 848 niños, niñas o adolescentes fueron víctima de algún delito durante 2017; sin embargo, no hay un desglose del tipo de agravio que sufrieron por lo que no se sabe cuántos fueron por abuso sexual, además, las fiscalías de la Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California Sur y Quintana Roo no aportaron sus números.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que hubo 18 mil 288 casos denunciados por abuso sexual en 2018, pero no especifica cuántos fueron a menores de edad. En mayo de este año se le hizo una solicitud de información –a través de la Plataforma Nacional de Transparencia– a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proporcionará cifras de las denuncias de abuso sexual o corrupción de menores que hubo de 2014 a 2018 a nivel federal, y si había un registro de cuantas llegaron a tener una sentencia.

La Fiscalía informó que la Coordinación de Planeación y Administración, antes Oficialía Mayor, solo encontró números referentes a denuncias interpuestas por corrupción de menores: bajo el viejo sistema de justicia hubo 27 denuncias y con el nuevo apenas 10. Es decir, 37 en cinco años.   

También la FGR compartió los datos que tiene la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); este organismo tiene los siguientes números por abuso sexual infantil: en 2014 hubo 25 denuncias, en 2015 se registraron 44, en 2016 hubo 53, en 2017 bajó a 25 y en 2018 solo se denunciaron 8 casos. Un total de 130 casos registrad os por esta dependencia. Ninguno de los organismos a los que se remitió la Fiscalía General de la República tiene un conteo de sentencias favorables o negativas para las víctimas.

Sin embargo, está claro que no existe en México una estadística confiable de este delito. Por ejemplo, también en abril de este año se le solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el registro de sentencias condenatorias o absolutorias por abuso sexual infantil y corrupción de menores solo de los años de 2017 y 2018.  La dependencia informó lo siguiente: en 2017 hubo 62 sentencias condenatorias por abuso sexual infantil y 18 por corrupción de menores; en cambio solo se absolvió una vez en el caso del primer delito y siete en el segundo. En 2018, hubo 49 condenas por abuso sexual infantil y 21 por corrupción de menores, y se absolvió en tres ocasiones en el primer delito. En total, 161 personas fueron juzgadas.

Está claro que las cifras no cuadran de las que tiene la FGR a nivel federal en el último lustro con las que cuenta la Ciudad de México en estos dos años. Además, de estos números también se debe considerar el porcentaje de los casos que no llegan a denunciarse. 

“La gente no denuncia y en México no se le considera un problema como tal, por eso menos lo van a cuantificar. Imagínate, si en este país no se habla de sexo, menos se hablará de abuso sexual”, dice Mora Fernández.

Y Lizzette agrega: “No existen cifras de cuántas denuncias se hacen y cuántas fueron favorables a la víctima. Aunque hay que tener claro que la mayor parte de los abusos no se denuncian por los tabúes y la estigmatización de la víctima.”

A la hija de Marcela le dijeron que no. El 11 de febrero de este año, los tres jueces del tribunal de juicio oral concluyeron que su pequeña sí había sido víctima de violación, pero no había pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad de la maestra a la que había acusado, así que después de un año y ocho meses de estar en prisión preventiva, la profesora quedó en libertad. 

“A mi hija le negaron el acceso a la justicia”, se lamenta Marcela y explica que en el juicio no se le dio veracidad a lo que testificó su pequeña.  “Se le trató como un adulto”, agrega.

El tribunal pidió detalles como la hora exacta y el modo en el que sucedió la violación, pero al no hallar una respuesta concreta, falló en contra. Ella cree que la Fiscalía no hizo bien su trabajo para sostener la acusación, es más, acusa que uno de los tantos fiscales con los que tuvo que tratar se vendió a la parte defensora porque trató de cerrar el caso sin su consentimiento. 

“Llegamos al juicio oral y ella quedó en libertad, después de muchas audiencias, de pagar abogados, de haber sufrido amenazas de muerte, intimidación y extorsión; nos tuvimos que cambiar de domicilio y a mis otras hijas las señalaban como las niñas violadas en la escuela, fue horrible. Lo peor es que revictimizaron a mi hija en el juicio y está muy afectada desde entonces”.

Verónica confiesa que ya no tiene miedo, pero que tal vez nunca recupere la tranquilidad.  Hoy su ex esposo está en prisión con una condena de 38 años. El proceso duró dos años, en el que afirma que lidió con autoridades indolentes y corruptas. 

Relata que pasó por cinco ministerios públicos y una resultó ser la pareja del abogado defensor del ex marido, por tal razón durante la etapa inicial cometió varias omisiones y trató de cerrar de manera unilateral el plazo de la investigación. 

Pero no solo tuvo problemas con la Fiscalía, también tardó en hallar un abogado que la entendiera. Cuatro le dijeron que tenía que acatar la demanda civil que la obligaba a que sus hijos convivieran con su padre. No lo hizo. Es más, hasta se escondió para no recibir las notificaciones y caer en desacato. El quinto fue más sensible y con él concluyó este proceso. 

La sentencia le fue favorable, pero ella quedó convencida que bajo este sistema de justicia la víctima tiene todas las de perder.

"Dejé el trabajo, saqué a los niños de la escuela, no podíamos salir a la calle porque él estaba buscándonos. Creo que una de las razones por las que ganamos es que estuve todo el tiempo atrás del ministerio público, nunca solté mi carpeta de investigación. La justicia no te la van a dar la mano como debería ser, la carga de las pruebas está en las víctimas y es aún peor cuando son niños; no bastó que ellos le dijeran todo al ministerio público, tuvieron que ir al juicio oral a repetirlo y ahí el papá les gritó y fue horrible”.

Creer o no

El tiempo avanza y en la CDMX Federico se prepara para el juicio oral. Ahí será palabra contra palabra y habrá una sentencia. Aunque se ha decepcionado de las autoridades, guarda la esperanza de tener un fallo favorable.

“No confío en el ministerio público, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No me voy a dejar, porque no me da miedo y estoy dispuesto a enfrentar al dragón más grande si fuera necesario por mi hija”, dice.

***

A cientos de kilómetros de distancia, en Veracruz, Lizzette Argüello pelea para sacar adelante el proceso en contra de su exesposo, al tiempo que trata de ganar las dos demandas civiles que le interpusieron.  

“En Veracruz no hay ningún tipo de justicia, la violencia está permeando de tal forma que está llegando a los niños, ¿sabes por qué la gente no denuncia? porque de nada te sirve ir a presentar una denuncia si al final del día no vas a solucionar la situación del niño”.

Y aunque hay pesimismo en sus palabras ella se mantiene activa con su colectivo, ayudando a otros padres que están pasando por lo mismo.

En San Luis Potosí la familia de Marcela está destrozada. Sienten que el sistema de justicia les dio la espalda. Hoy viven en otra ciudad, con protección estatal por todas las amenazas que han recibido. Marcela se arrepiente por todo el sufrimiento que ha afrontado su hija.

“La marcamos y ahora está lidiando con toda la afectación. Yo lo que le aconsejo a los padres o a cualquiera que atraviese esta situación es que no se vayan por el lado de la justicia, porque no existe, la verdad”, dice ya sin esperanza.

Y aunque pareciera que Verónica Riva Palacio ha encontrado justicia, ella misma reflexiona: “Se puede decir que el fallo fue favorable para los niños, pero nunca sabremos si se hizo justicia realmente porque qué justicia le vas a hacer a unos niños que pueden tener secuelas”. 

Por tal motivo, Mora Fernández concluye de manera tajante: “La justicia no existe, pero es una forma que te ayuda a seguir adelante y a tener esperanza, porque la única justicia real es que nunca hubieran abusado de un niño”.

* Ibero 90.9 reproduce esta historia periodística como medio aliado. Es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, auspiciado por USAID.