En recientes fechas, ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan. Al menos fueron reportadas —en la sesiones informativas del gobierno federal— hasta 120 personas fallecidas. En los días posteriores al suceso, han muerto en hospitales algunos de aquellos que estuvieron en la explosión del ducto, causada por la extracción de gasolina.

En redes sociales, las imágenes del ardiente fuego que se asemeja a un infierno con fondo oscuro pero relampagueantes llamas, causaron controversia: hubo quienes manifestaron su satisfacción por aquellas muertes, compartiendo tweets y actualizando estados en el que señalaban: “se murieron por rateros”.

La lucha contra los huachicoleros ha sido una de las principales banderas del gobierno de López Obrador. Después del combate a la corrupción en el gobierno, sus acciones más severas se enfocaron también en el crimen organizado: la ordeña de ductos, conocido como huachicoleo, consistente en la extracción ilegal de gasolina directamente de la red de ductos que abastece a las ciudades mexicanas. Dichas medidas llegaron a afectar a tal nivel a la población, que hubo por semanas en las principales ciudades del país, como Guadalajara o Ciudad de México, una crisis en el abastecimiento de combustible. Esta semana, la tercer metrópoli más grande del país, Monterrey, comenzó con las filas en las gasolineras.

Analistas, políticos y ciudadanos de a pie –pues se quedaron sin gasolina, por supuesto–, levantaron la voz ante lo que fue un mal cálculo gubernamental, quejándose por las afectaciones en las grandes ciudades y lo que significaba para la economía nacional. Sin embargo, y desde entonces, no han volteado a ver a las comunidades más desfavorecidas. ¿Quién pensaría que esto afectaría a agricultores, pequeñas empresas, o meros comerciantes a quienes el no tener gasolina significa no poder transportar productos y venderlos, con el fin de comer? Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, no es Ciudad de México, donde la gente simplemente o camina, o se forma tres horas. Es una comunidad en la que el comercio significa alrededor del 60% de la economía local, y donde según Noticieros Televisa, se sabía de venta de petróleo robado.

No basta con señalar que, aquel viernes 18 de enero, la población se bañaba en gasolina, sino que también se quemó en ella. Dicha tragedia casi alcanza ya cien muertos, y pese a todo, muchos en ese mismo día y durante todo el fin de semana, continuó publicando comentarios en los que celebraban la muerte, pues a los ladrones el castigo les llegó: morir incinerados tomados de la mano con sus hijos, mientras llenaban algún contenedor de aquel líquido inflamable tan deseado por muchos en estos días.

Las reacciones en las redes sociales no conocen el pudor. Si bien cada quien es libre de expresarse, no puede hacerlo en perjuicio de los otros. Y más cuando esos otros siguen sin ser identificados, pues sus rostros se borraron en aquella chispa fulminante que prendió no solo fuego, sino un debate más profundo: ¿Es justo lo ocurrido a aquellos, que si bien por negligencia, necesidad o simple inercia se postraron ante el chorro de gasolina para llenar sus contenedores? Cada quién tendrá su respuesta, pero es importante que hay algunas que no son en absoluto empáticas.

¿Acaso está bien el condenar a muerte a quienes roban? Países como Arabia Saudita, Afganistán, Bangladesh y otros salvajes como Japón, contemplan en sus leyes la pena de muerte. Pero no es así en México. En otras palabras, en nuestro país, ni la causa más justa merece la muerte.

No hay justificación para el robo, y mucho menos para el huachicoleo, que de manera paralela a la lucha contra las drogas impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, es la bandera de una fuerte –y por cierto violenta– lucha nacional hoy. Aún con todo eso, debemos de considerar que el sufrimiento de aún aquellos que cometen delitos no es motivo de celebración.

La guerra contra el narcotráfico y el combate al huachicoleo tienen algunos elementos dignos de compararse. El consumidor de drogas en México sigue siendo profundamente estigmatizado, y existe una tendencia a criminalizarlo. En el caso de los habitantes de Tlahuelilpan, algunos medios y actores políticos, incluído el presidente, han pretendido utilizar un espejo: es una comunidad pobre, que requiere de recursos a tal grado que los roba; así como se estigmatiza al consumidor de narcóticos, también al pobre. Con esta justificación, el gobierno ha iniciado sus jornadas repitiendo lo de siempre: “será el fin de la corrupción, y el fin del huachicoleo”. Para atender el problema de la pobreza, López Obrador recalcó en su sesión informativa del 23 de enero que se trabajará de manera integral para atender el tema de la pobreza en el país, “para que la gente no tenga que robar”.

Las redes sociales son solo el espejo de la sociedad: son el medio que magnifica las creencias, consignas e ignorancia de los muchos.

El huachicoleo (ordeña de ductos) es una práctica sumamente lucrativa, pero también ilegal, que consiste en el robo de combustible mediante tomas clandestinas en distintos puntos de la infraestructura de Pemex.

Complicado como se escucha, estas operaciones no son realizadas por cualquier delincuente. De acuerdo con los testimonios periodísticos difundidos, entre ellos el más reciente publicado en Milenio por Diego Enrique Osorno, existe toda una red de funcionarios públicos y conocedores de múltiples temas en ingeniería, que colaboran criminalmente para realizar esta actividad.

Antes de que alguien piense que la solución es algo radical, es importante saber que además, el ejército se encuentra ya en refinerías como medida de seguridad y prevención, más de 900 efectivos fueron desplegados hace una semana. Según fuentes oficiales, el huachicoleo desangra al Estado mexicano hasta con 60 mil millones de pesos al año.

Miles de usuarios en redes sociales culpan a la llamada “cuarta transformación” del ahora aceptado error de cálculo, pero también hay quien defiende el procedimiento implementado por el presidente.

¿Qué otros problemas contempla el desabasto?

En los últimos 40 años, la población del país ha incrementado de manera dramática —hoy en día se acerca a los 130 millones de habitantes—, resultando en una mayor demanda de productos, incluido el combustible. Consecuentemente, la tradicional forma de distribuir gasolina, es decir con ayuda de pipas, quedó parcialmente obsoleta.

La construcción de ductos fue el paso inicial hacia la modernización de la red de abastecimiento. Mientras que facilitó el acceso al combustible, también dio paso al inicio de una red de corrupción y delincuencia organizada. El problema del huachicoleo continúo agravándose durante décadas. De los principales factores que propiciaron esto, fue el que múltiples funcionarios de Pemex se involucraran en la práctica —permitiendo y ocultando la realización de la misma.

El combate frontal al crimen organizado puede reducir los efectos del huachicoleo, principalmente en el ámbito económico. Sin embargo, ésta no es la única solución ante la muy enraizada práctica.

Existen además muchas críticas respecto a la apresurada implementación de la medida; el desabasto se debe en gran medida a la carencia de estrategia requerida para implementar nuevamente un sistema que, para distribuir combustible a las gasolineras, hiciera uso de pipas. Además de alentar el proceso de abastecimiento, este sistema genera gastos mayores para el Estado.

Eso sí. Después de una semana de poca gasolina, en la CDMX tuvimos un aire tan puro que no lo tiene ni Obama.

* Los puntos de vista planteados en este texto no representan la postura institucional de Ibero 90.9