Narconarrativas: 166 cuerpos más
Foto vía: El Periódico
Fueron 166 cuerpos los que se encontraron el pasado 6 de septiembre en el centro del estado de Veracruz. Una fosa clandestina más, en un país en el que 648 cadáveres se han encontrado de la misma forma desde 2006, de acuerdo a un recuento que hace el diario Milenio.
En conferencia de prensa, el Fiscal del Estado, Jorge Winckler, informó que había sido gracias a un testimonio que se supo de la existencia de este agujero, donde habrían sido enterradas cientos de personas.
Lo primero que salió a relucir fue el trabajo que realizaron las autoridades locales para dar con la ubicación exacta de esta fosa. El fiscal resaltó que fueron 30 días de trabajo con equipos especializados y drones en un área de 300 metros, donde se pudieron hallar restos humanos en 32 puntos. A partir de ahí, establecieron la cifra de gente inhumada.
El hecho en sí mismo recuerda el hallazgo en 2010 de una fosa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron hallados los restos de 195 personas —entre ellos migrantes— que fueron supuestamente masacradas por la organización de Los Zetas; el mayor número de cuerpos inhumados de manera clandestina del que se tenga un registro.
El foco no debería ser la cantidad, sino el esclarecimiento de tales hechos. No sólo llegar a la verdad, sino transformarla en justicia. Y para ello, se deben de tomar en cuenta todas las causas y líneas de investigación., incluso aquellas que lleven a la responsabilidad y participación del Estado mismo.
En su libro Duarte el Priísta Perfecto, el periodista Arturo Ángel enuncia los crecientes niveles de criminalidad durante la gestión del ex gobernador. Mientras Javier Duarte declaraba que en Veracruz se robaban sólo “pingüinos y frutsis” de los Oxxos, en realidad se registraron un total de 5 mil 31 casos de asesinatos de 2011 a 2016, un aumento del 81% respecto a la administración anterior.
Lo mismo ocurre con otros delitos como el secuestro, donde se reportaron oficialmente 633 casos denunciados ante la procuraduría estatal. Esto representa un aumento del 859%. En total, se registraron 360 mil 673 delitos y esas cifras corresponden solamente a los que se denunciaron.
No sólo fue el intento de ocultamiento y la inacción de las autoridades lo que sucedió en Veracruz durante esos violentos años, sino también la complicidad del Estado en la violencia.
Mientras Javier Duarte declaraba que en Veracruz se robaban sólo “pingüinos y frutsis” de los Oxxos, en realidad se registraron un total de 5 mil 31 casos de asesinatos de 2011 a 2016, un aumento del 81% respecto a la administración anterior.
Arturo Ángel documenta en su libro, por ejemplo, el caso de 2016 de la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, donde fueron detenidos por un retén de la Policía Estatal de Veracruz, llevados en patrullas y supuestamente, de acuerdo a las declaraciones de los elementos de seguridad detenidos, entregados al crimen organizado.
Otro caso documentado en la investigación fue el de Marcos Conde Hernández, un comandante de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, corporación de seguridad infiltrada supuestamente por Los Zetas y disuelta por la Marina en 2011. Posterior a ser removido del cargo, Conde fue colocado en el municipio de La Antigua, donde de acuerdo a más de 20 denuncias, una patrulla con decenas de elementos de seguridad hacían recorridos para llevar a cabo detenciones ilegales de personas que resultaban en desaparición forzada.
A pesar de los múltiples casos documentados durante el gobierno de Javier Duarte, al descubrimiento de la fosa clandestina del pasado jueves, diversos medios, incluso internacionales como The New York Times, atribuyeron de facto la responsabilidad de los hechos a causas “presuntamente del crimen organizado” o de “pandillas de drogas”, sin mencionar siquiera alguna complicidad de las autoridades locales.
En contraste, el portal de noticias Animal Político publicó una nota donde informa que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz investiga la posible participación de elementos o ex-elementos de la policía estatal en la inhumación de los 166 restos hallados el jueves. Estos hechos habrían ocurrido en la gestión del ex-gobernador Javier Duarte.
Así mismo, los autores Arturo Ángel y Manu Ureste añadieron información sobre los resultados del operativo “Tiro de Gracia” realizado el pasado 8 de febrero, donde la fiscalía anunció que se ejecutaron 19 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada perpetrado por dicho elementos y ex-elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos, el del propio secretario en aquel momento, Arturo Bermúdez.
No sólo es la complicidad del Estado la que se expone en este tipo de casos, no sólo es la inacción o la opulencia. Es la perpetración de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y el posterior intento de encubrimiento. Se culpa al crimen organizado, a los “cárteles de la droga” de los hechos y los medios de comunicación, lo replican.
Pareciera que estamos frente a una estrategia, una especie de “narconarrativa” replicada en distintos medios, que se genera desde el discurso hegemónico del Estado, donde los “cárteles” de la droga y el crimen organizado son más poderosos que el mismo gobierno. Pareciera que las autoridades se ven rebasadas y así suceden estos hechos de violencia sin precedentes. Al menos, esa es la tesis de Oswaldo Zavala, académico, periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en su libro Los Cárteles no existen.
Mientras tanto, en Twitter, criticó la nota del New York Times al declarar que se basan en una sola fuente para enunciar toda su nota. ¿Cuál? La Fiscalía del Estado.
