Hay que poner a las fiscalías en el centro de la impunidad: Ana Lorena Delgadillo

A raíz del asesinato de los dos hermanos Jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, la Universidad Iberoamericana realizó la mesa de diálogo “Caso Cerocahui: ¿Cómo enfrentar la impunidad y la violencia en México?, Reflexiones desde la Academia y la Sociedad Civil”, en donde las y los ponentes coincidieron en la necesidad de hacer cambios desde las fiscalías y las policías, así como la urgente desmilitarización de la seguridad en el país.

Las y los participantes de la mesa fueron José Ramón Cosío (Ministro en Retiro de la SCJN, Colegio de México); Catalina Pérez Correa (CIDE); Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia) y Luis Daniel Vázquez (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Flacso México).

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, enfatizó que la violencia que se vive en nuestro país golpea principalmente a quienes menos acceso tienen a la justicia y que se tiene que ir al centro del problema: las fiscalías.

“Quien no tiene un poder económico sólido para llegar a la justicia simplemente no tiene justicia, y eso bien lo saben quienes cometen los delitos, creo que lo que hay que poner en el centro de la impunidad es a las fiscalías, cuando hay impunidad se manda el mensaje de que la violencia está permitida”.

Delgadillo agregó que las fiscalías “no están hechas ni formadas para investigar”, y allí se generan muchos de los problemas.

“Hubo una gran reforma en el sistema acusatorio que no logró tocar a las fiscalías para que se enseñaran a investigar y como consecuencia tenemos la tortura en múltiples informes, creación de verdades históricas y se han creado figuras para supuestamente combatir la criminalidad organizada, como el doble sistema que tenemos en la constitución de garantías para los de aquí y garantías para los del crimen organizado”.

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María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, señaló que a nivel local “las fiscalías no han hecho su trabajo”, y ejemplificó que aunque se tiene muy identificado al “Chueco”, quien habría asesinado a los padres jesuitas y al guía de turistas, no ha sido encontrado.

“Pero a nivel federal lo que tampoco tenemos es una Fiscalía General de la República que proactivamente y en medio de una crisis de seguridad como la que vivimos genere cambios en las instituciones, tendríamos que ver a un Fiscal General que no esté involucrado en temas personales sino involucrado en cómo tomar esos espacios que se van dejando vacíos en las zonas más remotas”.

Catalina Pérez Correa, del CIDE, cuestionó la participación de los militares en el ámbito de la seguridad pública, algo que dijo, no es nuevo, pero sí tuvo un cambio en diciembre de 2006, cuando había alrededor de 45 mil elementos del ejército desplegados en el país, para 2020 la cifra era de 214 mil y este año es de más de 300 mil soldados desplegados en el país.

“Me parece inaceptable que tengamos días en los que hay 115, 117 homicidios en nuestro país y está ligado específicamente y directamente con el despliegue militar, sabemos que el despliegue militar tiene un efecto no nada más que no ayuda a disminuir la violencia sino que aumenta la violencia en el país y esto lo han mostrado distintos estudios”.

Comentó que la militarización no solo ha aumentado el uso de la fuerza letal de los cuerpos civiles y militares, también ha aumentado las quejas por violaciones a los derechos humanos, por ello cuestionó que se utilice esta estrategia y que se quiera hacer permanente sabiendo que no solo no funciona sino que empeora la situación. Esta estrategia de seguridad que consiste en la ocupación territorial, dijo, no permite respuestas distintas a fenómenos distintos, como si solo fuera una violencia la que ocurre en el norte y en el sur del país, y sentenció que en ningún país del mundo “ha funcionado la militarización como una solución a la violencia”.

“Son fenómenos distintos y tendrían que tener respuestas distintas, pero la única que hay es la del despliegue militar donde hay patrullajes supuestamente preventivos o disuasores que no funcionan para reducir la violencia y lo que sí hacen es que desincentivan la posibilidad de que se construyan cuerpos civiles eficaces y también los vínculos o iniciativas comunitarias que se sabe que funcionan”.

Puedes ver la mesa de diálogo completa aquí

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