Quien niegue que la discriminación existe en México, en el mejor de los casos, es poco observador, sino es que un agente discriminador inconsciente. Para muestra, basta con voltear a ver los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que permite reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones. La encuesta fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lo que deja ver esta encuesta es que, aún a finales de la segunda década del Siglo XXI, hay millones de individuos a los cuales se les excluye por motivos como el sexo, la edad, origen étnico, apariencia, nacionalidad, preferencia sexual, discapacidad…

Los resultados reflejan que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión y desprecio hacia ciertos grupos. Esta discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la sociedad y se reproduce por medio de valores culturales.

Los artículos 1º, 2º y 4º de nuestra Carta Magna están dedicados a garantías constitucionales en contra de la discriminación; sin embargo, una de cada cinco personas mayores de edad en México fue discriminada durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), se define discriminación como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.”

Es importante reflexionar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas pues éstos son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo que influye a que las personas vivan en aislamiento y violencia.

Los índices de discriminación están directamente relacionados con los de democracia, pues los prejuicios limitan derechos y el acceso a prestaciones básicas como salud y vivienda. Por ello, la lucha contra ese flagelo no solo depende de las leyes y autoridades, sino que requiere la participación de toda la población para que haya una sociedad plural, igualitaria e incluyente.

El panorama de la discriminación en México empeora si se amplía el rango a los últimos cinco años: hasta 23% de las personas encuestadas el año pasado señalaron que se les negó, sin justificación, algún derecho en ese periodo, principalmente atención médica o medicamentos, acceso a programas sociales y atención en oficinas de gobierno.

De ese universo, el grupo que mayoritariamente declaró que le fue negado al menos un derecho son las trabajadoras del hogar (39%), seguidas de las personas con discapacidad (30.9%), las personas indígenas (29.2%), las mujeres (25.8%), los adultos mayores (24.8%), quienes profesan alguna religión distinta a la preponderante (23.8%) y los menores de 30 años (15.7%).

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, advirtió que “la discriminación no siempre surge de un evento que llevó a las personas discriminadas a una posición de desventaja, sino del impulso de ciertos grupos por conservar sus privilegios.”

El presidente del INEGI, Julio A. Santaella precisó que la Encuesta fue aplicada solo a una muestra (39 mil viviendas distribuidas en zonas rurales y urbanas de las 32 entidades federativas del país), sin embargo, dijo que “su metodología permite extrapolar los resultados a toda la población.”

Alexandra Haas Paciuc, presidenta del CONAPRED, destacó que “la discriminación que no se atiende se convierte en desigualdad, por lo que los resultados de la encuesta arrojan información fundamental para elaborar un plan de desarrollo.”

Ante esta realidad, se requiere educación para la convivencia de la diversidad, políticas públicas para construir las condiciones institucionales que igualen a las personas y leyes que sancionen a quienes discriminan.

Es imperativo conocernos de mejor manera, confrontar nuestra realidad y entender que la igualdad es el sentido fundamental y originario de la democracia. Somos una sola raza: la humana, y por lo tanto todas y todos merecemos gozar de los mismos derechos.