La salud es un derecho básico que garantiza el bienestar integral de las personas. En México, donde según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contamos con el mayor índice de obesidad infantil en el mundo y se calcula que 10.8% de la población entre 20 y 79 años de edad padece de diabetes. La inversión de los fondos públicos en el sector salud debería ser una prioridad. Sin embargo, esto no es así. En una investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se determinó que, pese a que se cuente con instituciones públicas de servicios médicos tales como: La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, éstas siguen resultando insuficientes para dar cobertura a los 113 millones de habitantes en el país. No sólo porque excluyen a una parte considerable de la población, sino también porque carecen de la infraestructura adecuada, el personal suficiente, ni los medicamentos e insumos requeridos para la debida atención médica.
Esto orilla a que gran parte de los mexicanos se vean en la necesidad de acudir a la medicina privada. Esto presupone un problema para aquellos que no cuentan con los recursos económicos suficientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el gasto promedio trimestral en los hogares en materia de salud durante el 2010 fue de $1, 213, gasto que para una familia de bajos recursos implica una privación a otras necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, entre otras. De acuerdo con Marisol Luna Contreras, investigadora de FLACSO, “el gasto en materia de salud intensifica hasta en un 20% el empobrecimiento de los hogares que están excluidos del sistema de salud pública.”
En México, donde sólo uno de cada cinco mexicanos tiene los ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades, este sistema de salud resulta muy desigual. Un ejemplo de ello es que, según datos de la coalición por la salud de las mujeres, en el 2010 siete de cada diez fallecieron por abortos mal practicados, por enfermedades como influenza, obesidad o diabetes, negligencia médica o porque nunca tuvieron acceso a una consulta. Lo peor de todo es que, según Marisol Luna Contreras, “son los hogares con bajo nivel de ingreso, sin aseguramiento, con jefes de hogar con baja escolaridad y con una mayor presencia de niños y adultos mayores los más propensos a incurrir en dichos gastos.