Por Darío Salinas Figueredo
La actual coyuntura política brasileña constituye escenario de aguda confrontación dentro y fuera de la institucionalidad vigente. En su dinámica concurren abigarradamente diversas expresiones de descontento, vinculadas con la corrupción inocultable que permea importantes esferas del poder y el impacto de la crisis económica que sigue su curso. Por otro lado, la ofensiva multiforme de restauración conservadora que se extiende a lo largo de una franja de la región latinoamericana, con enormes recurso desestabilizadores articulados, en marcha desde hace un tiempo y cuyo objetivo estratégico consiste en erosionar y destituir gobiernos no alineados a la hegemonía hemisférica y retrotraer los avances democratizadores. En la perspectiva de tales propósitos, caracteriza muy bien lo que se ha dado en llamar “golpes de última generación”.
Los mecanismos que se diseñaron para llevar a cabo el “juicio político” en Paraguay, que culminó aquel fatídico 22 de junio de 2012 con la destitución del presidente Fernando Lugo, pueden considerarse un laboratorio de experimentación para golpes institucionales bajo ropaje parlamentario. Después de escuchar las inenarrables intervenciones de los diputados que votaron mayoritariamente a favor del golpe el domingo 17 de abril de 2016, queda claro que ese proceder muy poco tiene que ver con la tarea de representar a sus representados. Que la institucionalidad vigente lo permita es una cuestión muy grave que no se limita a solamente al caso brasileño. El sistemático e implacable hostigamiento del poder legislativo, aunado a algunas decisiones de los aparatos de justicia y policial a lo largo del período político más reciente, terminaron por desgastar la capacidad de maniobra legal del gobierno. Así como en aquel entonces en Asunción, aquí también no pocas son las dudas que se extienden sobre la validez y legitimidad de las bases que sustentan el juicio en proceso contra la presidenta constitucional de Brasil.
El juego de fuerzas que se ha movilizado dentro de la legalidad parlamentaria es la dinámica dentro la cual se instalado principalmente la maquinaria de los grandes intereses de la derecha política y la oligarquía para provocar la involución de la democracia. Ese núcleo de poder dispones de partidos, presencia en el corazón de la estructura gubernamental, en los espacios legislativos y en los propios circuitos aledaños a la misma presidencia. Los rostros más visibles, sin ser los únicos, se ratifican vergonzosamente en los operadores del impeachment. Allí están, nada menos que la mismísima cabeza de la Cámara de Diputados y el Vice-presidente.
Para nadie es un secreto que los recursos del poder político de las esferas promotoras del juicio contra la presidenta aparecen asociados a verdaderos aparatos de corrupción. Todo el mundo sabe que muchos diputados de la actual legislatura están señalados por delitos de corrupción. Los generosos recursos financieros de grandes empresas formatearon el comportamiento político de la franja legislativa golpista, incluso desde el mismo momento en que fueron candidatos al parlamento. Toda una amalgama de recursos para instrumentar indebidamente la legalidad. Allí se encuentran instalados los puentes para movilizar al gran poder mediático que construye la vida visible de la política brasileña, verdadero triturador de conciencias, capaz de diseñar exactamente al enemigo al que hay que aniquilar. La presidenta está sometida a una acusación para destituirla sin que haya un delito por comprobar. Atroz paradoja política, cuando en realidad sus acusadores se encuentran moral y políticamente en las antípodas de su conducta pública. Esta coyuntura brasileña puede ser perfectamente leída al revés. No es la acusada sino los acusadores quienes debieran ser investigados.
¿Cuál es el trasfondo de este indignante juicio político? Si el actual proceso llegara a concluir con la destitución de la presidenta, quienes promovieron este amañado juicio pasarán a la historia política de la región a engrosar la fila de los verdaderos golpistas. En tal escenario, quien ocupe la presidencia, sustituyendo a la presidenta defenestrada, será el portador de un proyecto abiertamente involutivo con relación al sentido de las políticas aplicadas durante la última década. Basta con examinar el posicionamiento políticos de los opositores al gobierno para concluir que la pretensión neoliberal se siente plenamente entronizada en las actuales circunstancias, esperando el momento para la aplicación autoritaria de políticas sociales regresivas, privatizadoras de los recursos y una conducta exterior con giros hacia la dominación de las grandes transnacionales, los bancos, las multinacionales, perfectamente coherente con los planes estratégicos y geopolíticos de la hegemonía estadunidense. Este perfil de futuro no es descabellado. Es completamente verosímil. Es el proyecto de la llamada “clase política” brasileña, cuya política de de clase cuenta con aparatos partidarios, como el PMDB y los de mayor tradición en su alianza ideológica con la burguesía y, a no dudarlo, con los recursos necesarios que no serán regateados para la restauración conservadora golpista. Su proyección regional y hemisférica ensombrece los proyectos multilaterales y los esquemas de integración no subordinados. Es un golpe también a los equilibrios de la gobernabilidad regional. Sin embargo, si todo esto resulta como viene ocurriendo para infortunio de la democracia brasileña, queda claro que la deplorable destitución no será la solución para la crisis que afecta a la sociedad. Por el contrario, el potencial escenario que se puede configurar es de mayor conflictividad, de importantes y justas luchas sociales, de legítima respuesta popular al golpismo, de defensa de los derechos conquistados, tal como de hecho están apareciendo en la inmensa periferia de la legalidad, aunque tales expresiones están sistemáticamente invisibilizadas por los monopolios mediáticos.