Buscando una estrategia diferente a la guerra contra el narcotráfico México vive en un estado de emergencia gracias a la gran escalada de violencia y a la pérdida de credibilidad hacia las autoridades por el nulo tratamiento que reciben los actos delictivos. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el 2011 fue el año más violento del sexenio de Felipe Calderón, el número de homicidios alcanzó los 27 mil 199 y Amnistía Internacional estableció que la mayoría de éstos nunca se han investigado.
Una simple muestra de estas tragedias es la historia de Olga Reyes, víctima y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en entrevista, narra que “Mi familia siempre ha sido defensora de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua, con la llegada del Ejército se incrementaron los abusos a la población. Mi hermana Josefina comenzó a interponer denuncias en contra de los militares. Creo que esa fue la causa que desató las agresiones que sufrimos después. En el 2008 mataron a mi sobrina y a Josefina. A mi hermano Rubén lo acribillaron a balazos cuando iba a dejar a su hija al colegio. A Elías y a mi cuñada los secuestraron, días después encontramos sus cadáveres. Las amenazas continuaron pero no fue hasta que quemaron nuestras casas que decidimos irnos del estado. A la fecha las demandas que hemos hecho ante el gobierno para esclarecer los crímenes permanecen impunes. Lo más grave es que para deslindarse de la responsabilidad las autoridades criminalizan a las víctimas.”
Ese fue el caso de los 17 jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar en 2010, en el mismo Estado de Chihuahua, en esa ocasión, el Presidente Felipe Calderón aseguró que se trataba de un grupo de pandilleros cuando en realidad eran estudiantes.
Días después de la masacre, el Primer Mandatario se reunió en Ciudad Juárez con los familiares de los fallecidos. Ahí fue encarado por Luz María Dávila, madre de dos de ellos. Ésta le exigió una disculpa pública por sus declaraciones difamatorias:
Ante este panorama nada alentador, organizaciones ciudadanas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) han buscado estrategias a fin de lograr que se cumpla la ley, entre ellas, la reciente Caravana por la paz que los llevó hasta Estados Unidos a denunciar los crímenes impunes.
En la Unión Americana, el movimiento, encabezado por el poeta Javier Sicilia, demandó el reforzamiento al control de la droga que entra a Estados Unidos y el freno a la exportación de armamento a nuestro país y reiteró que
el conflicto de la lucha contra el narcotráfico es de carácter internacional pues, de acuerdo con el periodista Don Winslow de The Huffington Post “Estados Unidos importa alrededor de 20 toneladas de heroína, 110 de metanfetamina y 220 de cocaína para su consumo.” Y sobre las armas, un alto funcionario de la Casa Blanca estableció que de las 94,000 recuperadas en México en los últimos cinco años, 64,000 procedían de su país.
Los dirigentes del MPJD concluyeron que el Gobierno Federal debe replantear la política de combate al narcotráfico conjuntamente con los autoridades estadounidenses. Sólo así se pondrá alto a los problemas que provoca el crimen organizado.
Asimismo, Olga Reyes estableció que “Hay que dar a conocer las historias de las víctimas que rara vez tienen resonancia en los medios masivos de comunicación. Pues mediante éstas se podrá concientizar a la sociedad civil sobre los estragos que la guerra contra las drogas ha dejado en el país”.
Fotografía obtenida de: http://pulsociudadano.com/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-03-a-las-23.45.51.png