Concluye el proceso electoral. Aunque la forma en que se calificó la elección no generó sorpresa alguna, sí dejó a muchos (y me incluyo) con un mal sabor de boca con respecto a la manera en que transcurrió el mismo.
Hace seis años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que si bien sí había evidencias de que el presidente Vicente Fox había intervenido en la elección, no se podía mostrar el grado de impacto que había tenido para determinar el candidato ganador. Argumentos semejantes se emplearon para referirse a las campañas cuyo mensaje central era “Andrés Manuel es un peligro para México” o a las campañas pagadas por los empresarios. Los jueces en aquel entonces no quisieron ir más allá de sus funciones de revisión de la documentación presentada, y no entraron a una investigación más en profundidad que hubiera permitido, tal vez, calcular el grado de injerencia de actores ajenos al proceso electoral.
Los mismos motivos (los de no tener facultades para investigar) se han empleado en esta ocasión, seis años después; solo que en esta ocasión directamente se señala que no hay evidencia alguna de peso que permita comprobar las imputaciones señaladas por el candidato Andrés Manuel López Obrador.
Reconozco que no me sorprendió la sentencia; pero también reconozco que me dejó una cierta sensación de frustración con respecto a la manera en que está operando el sistema electoral en nuestro país. Lo que ocurre es que el problema no radica específicamente en los jueces, sino en las leyes que tenemos, que permiten estos espacios grises en donde se puede burlar la ley sin tener consecuencia alguna por ello. Y ahora sí: a las pruebas me remito: no creo que no haya un solo ciudadano en México (e incluyo a los jueces que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que no crea que se rebasaron los topes de campaña, y no solo por un partido, sino por todos ellos. Pero el problema es que el costo (una multa, pagadera en cómodos plazos) es insignificante frente a los posibles beneficios. Otro tanto puede decirse del asunto de las tarjetas Monex y la supuesta compra de votos; hasta el PRI ha reconocido que contrató a una empresa para la adquisición de las tarjetas, pero, sustenta la justicia, no consta que en realidad se hayan utilizado para la obtención de votos. Y sin pruebas, no hay delito.
Muchos, comenzando por los priistas, podrán argumentar que, en cualquier caso, la diferencia de votos entre Peña Nieto y López Obrador fue tan amplia, que incluso admitiendo que se hubieran dado esas argucias, el resultado en cualquier caso hubiera sido el mismo. Dicha afirmación me alarma y preocupa aún más, porque desde mi punto de vista, lo peor que nos puede pasar como país que quiere ser realmente democrático es adoptar una actitud cínica de que no importa violar la ley, mientras sea poquito.
Y en ese sentido, los legisladores que hoy se quejan de estas anomalías producidas durante el proceso electoral debieran preguntarse por qué no han establecido más candados y más medidas para evitar estas áreas grises y para garantizar que una trampa será totalmente castigada. ¿No será que a todos les conviene? Eso sí, mientras tanto, el Partido Verde ya ha inundado los espacios radiofónicos (vaya usted a saber con qué recursos) con unos anuncios que pretenden demostrarnos que nuestro sistema electoral es el mejor de toda América. ¡Hágame usted el favor!