El derecho a la libertad de información no busca privar a las personas de mentiras, sino la posibilidad de conocerlas y a cuestionarlas. Debemos plantearnos si buscamos tener audiencias críticas o audiencias protegidas.
Soy el defensor de las audiencias de Ibero 90.9, la estación de radio de una universidad de inspiración ignaciana, y siempre he estado convencido que el pilar de cualquier civilización descansa en la calidad de sus libertades. Aquí hablamos de la libertad de información, pensamiento y expresión. Ordeno los factores porque, en ese caso, sí altera el producto.
En mi función como defensor he buscado siempre comprender la posición de quien comunica y de quien escucha. La mayoría de las veces son posturas conciliables, o cuando menos justificables y en esa medida se produce una reacción institucional cuya finalidad es dar satisfacción a la persona que presentó una queja: alguna aclaración o precisión al aire, por ejemplo. Existen casos en que eso no es posible, y ahí es donde se genera una recomendación que debe ser cumplida por el medio de comunicación.
¿Quiénes son las audiencias? No es posible identificar una entidad unificada y homogénea, sino tanto como “el pueblo”, es el conjunto abstracto de las personas que escuchan, con las identidades, complejidades, preferencias e ideologías de cada quien.
Esa multiplicidad de perspectivas es lo que hace que sea necesario que exista un piso mínimo de entendimiento sobre qué es información plural y oportuna, qué entendemos por opinión y qué por información, o cuándo se está ante publicidad engañosa o frente a actos de discriminación. La libertad en abstracto y esos derechos en concreto, son los que debe procurar el defensor de las audiencias.
Me parece que es un falso debate suponer encontrados, en un juego de suma cero, al derecho de las audiencias y a la libertad de expresión. El primer derecho de las audiencias se halla en la libertad de expresión de quienes usan la palabra como medio para difundir ideas e información. No se trata de valores contrapuestos, sino que se suponen el uno al otro.
El proyecto de Lineamientos de las Audiencias propuesto por el Gobierno de la República y que ha estado en el debate público desde hace algunos días tiene como elemento central la prohibición de difundir información falsa, descontextualizada e información histórica como si fuera actual. Es decir, parece que el problema de fondo es quien tiene la potestad para decir qué es verdadero.
¿Por qué importa? Porque debemos definir si queremos audiencias protegidas, o audiencias críticas. Debemos preguntarnos hasta qué punto es necesario correr el riesgo de someternos a información falsa.
Porque el contexto hace la diferencia, hay que mirar este proyecto con cautela. Más allá de ideologías e intenciones, existe una voluntad constante, de pronto muy intensa, por controlar la forma en que nuestra sociedad comprende su historia y su realidad. Y todo proyecto que atribuya a un gobierno la facultad de resolver lo que puede ser calificado como mentira o verdad, debe ser examinado con especial reserva. Un mecanismo sancionador siempre tendrá el riesgo de provocar que la verdad sea cada vez más discreta, y la libertad se convierta en un bien escaso.
La decisión que debemos tomar es si queremos audiencias críticas o audiencias protegidas y qué tanto estamos dispuestos a tolerar para tener una u otra. Creo que las sociedades se hacen más fuertes cuando generan ciudadanos críticos, capaces de reconocer las mentiras por sí mismos, no cuando se protege a las personas de ideas equivocadas.
Mi compromiso como defensor de las audiencias es contribuir al diálogo entre quienes informan y quienes reciben esa información y que ese diálogo suceda en condiciones de pluralismo, libertad y responsabilidad.