La coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres y la Migración, Dinorah Arceta, mencionó que existía la posibilidad de reinstalación del programa estadounidense Migrant Protection Protocols (MPP), conocido como “Quédate en México”, ahora no solo para personas que cruzaran recientemente la frontera, sino también para familias con niñas, niños y adolescentes que ya contaban con estatus de protección en Estados Unidos.
Este programa, instaurado en la primera administración de Donald Trump, dejó a miles de personas en una desprotección gravísima, expuestas durante meses en México a delitos como secuestros, agresiones físicas, violencia de género, e incluso, ataques con ácido, mientras esperaban la resolución de sus casos en cortes estadounidenses.
Recordó que el Estado mexicano tenía argumentos y obligaciones suficientes para oponerse a la reinstalación del MPP, a partir del marco internacional de Derechos Humanos y del principio de no devolución.
Señaló que la Suprema Corte, en el amparo en revisión 302/2020, reconoció la responsabilidad de autoridades nacionales por colaborar en la aplicación de estas políticas sin una ruta humanitaria ni de regularización migratoria. “En México tenemos una situación gravísima de crimen organizado, de impunidad, de delitos graves”, dijo, y añadió que el sistema de asilo enfrenta deficiencias en cuanto a capacidad para resolver solicitudes por la falta de financiamiento.
Además, mencionó que mezclar acuerdos migratorios con negociaciones comerciales y decisiones sobre devolución de personas con protección internacional “no debería estar sobre la mesa” en ese tipo de pactos.
En ese sentido, Arceta señaló que cualquier reinstalación del programa MPP debía evaluarse con criterios humanitarios claros y un enfoque que priorice la seguridad y los derechos de las personas migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes, para evitar repetir los graves daños de administraciones anteriores.
Escucha la entrevista completa aquí: