A la gente no le preocupa que 4 de 10 personas privadas de la libertad no tengan sentencia: Ernesto López Portillo
Imagen: SCJN
En México continúan las opiniones encontradas sobre si se debe o no anular la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que se debatirá el próximo 5 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia pero mientras tanto, el presidente de la República ha expresado que con esto se buscaría impunidad y corrupción.
En entrevista con Radar 909, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, refirió que la sociedad se siente más segura con la gente en prisión más allá de que tengan una sentencia, y que las encuestas refieren que el 54% de la gente piensa que todos los delitos deben castigarse con cárcel, mientras que el 26% está parcialmente de acuerdo.
“La sociedad no puede imaginar que tenga seguridad sin que la gente que comete delitos vaya a a la cárcel, eso es absolutamente normal, es intuitivo, pero luego vienen los detalles y en esos entran en otras narrativas que es la técnica, generalmente irrelevante para las mayoría. Por ejemplo: a la gente en general no le preocupa que 4 de 10 personas privadas de libertad no tengan sentencia”.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Poder Judicial a buscar mecanismos para que la justicia sea expedita para quienes llevan años detenidos sin recibir una sentencia, pero no dejar salir de las prisiones “a diestra y siniestra” y menos a quienes están detenidos por delitos graves. También ha referido que el anular la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa podría atraer corrupción e impunidad.
Agregó que el que haya miles de personas sin condena es nada relevante en un lugar donde “impera el temor, la desconfianza en las instituciones, la impunidad”, y que lo que está ocurriendo es una discusión política.
“El presidente la utiliza así, todos los partidos de todos los colores se alinean a favor de estas medidas duras, se llama populismo punitivo y domina en toda América Latina”.
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En su experiencia, dijo, ha comprobado que hay muchos políticos, legisladoras, legisladores y personas del gobierno que saben que la prisión preventiva oficiosa no ha sido útil para mejorar la seguridad y menos la justicia:
“Reconocen que no pueden decirlo así por los costos político electorales. Por último, hay que entender que quien le dice sí al Estado para tomar esas medidas le da un regalo al Estado porque le permitimos evadir la profesionalización de la investigación, esta es una válvula de escape frente a un sistema incompetente y corrupto donde los datos escalofriantes nos dicen que el 1% de los delitos se resuelven”.
Puedes escuchar la entrevista completa aquí:
