Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que el más reciente índice de percepción de corrupción refleja un estancamiento en México. Aunque el país apenas varía en puntos y posiciones, el problema de fondo no es solo la calificación, sino que la conversación pública sobre corrupción sigue anclada en esquemas de hace una década.
Explica que el fenómeno ha cambiado: ya no se trata únicamente de funcionarios que desvían recursos o actos aislados de soborno, sino de redes de macrocriminalidad que combinan crimen organizado transnacional, corrupción en aduanas, complicidad de autoridades y operaciones financieras de gran escala, como el llamado “huachicol fiscal”. Este esquema, ejemplifica, implicó desvíos estimados en alrededor de 610 mil millones de pesos, montos muy superiores a casos como Segalmex, y que no pueden detectarse ni enfrentarse con los mecanismos tradicionales de auditoría.
Bohórquez sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción, impulsado hace una década, respondió a una problemática distinta y que hoy las herramientas institucionales resultan insuficientes ante la nueva complejidad del fenómeno. Advierte que el país sigue discutiendo nombramientos o mecanismos formales, mientras el problema estructural ha evolucionado.
También vincula el tema con la reforma electoral, señalando que México necesita una reforma anticorrupción que atienda la infiltración del crimen organizado en la política. Concluye que el mayor estancamiento no está en el índice, sino en la falta de una nueva conversación acorde al contexto actual del país y su relación internacional.
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