Beatriz Guillén, reportera del periódico El País, dijo que familiares y abogados de los 92 presos mexicanos entregados a Estados Unidos denunciaron que este intercambio no son extradiciones formales y podrían ser parte de un destierro, figura prohibida por la Constitución.
Guillén comentó que el gobierno justifica las entregas en la Ley de Seguridad Nacional y en las facultades de la presidenta, pero las familias cuestionan con base en qué se envía a presos mexicanos a otro país si ya están procesados y cumpliendo condena aquí. “Si no es una extradición, es un destierro y el destierro es una figura prohibida por la constitución mexicana”.
Los familiares no tienen herramientas legales claras, más allá de la denuncia pública y una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR), para intentar el regreso de los presos. El gobierno afirma que son un peligro para la seguridad nacional incluso estando encarcelados, lo que abre el debate sobre la crisis del sistema penitenciario en México. “Más allá de la simpatía personal… hay derechos que cualquier persona incluso como delincuente condenado… se le tienen que respetar”.
La controversia va más allá de un procedimiento legal y apunta a una tensión estructural entre seguridad nacional y Estado de derecho. El uso de facultades extraordinarias para justificar estas entregas plantea preguntas sobre los límites del poder ejecutivo y la fragilidad de las garantías constitucionales, especialmente cuando se trata de personas que ya estaban procesadas y cumpliendo condena en territorio mexicano.
El caso también expone una crisis más profunda del sistema penitenciario: si el Estado considera que un preso es un riesgo incluso estando encarcelado, el problema no solo es jurídico, sino institucional.
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